Entender las lógicas electorales del país requiere tener presente los conceptos de censo poblacional y censo electoral, sabiendo que el primero se refiere al total de personas que reside en un determinado territorio. Por su parte, el segundo nos indica el número de habitantes que cumplen con los requisitos para ejercer el derecho al sufragio y hacer uso de distintos mecanismos de participación ciudadana, y que están debidamente registrados para hacerlo.
En Colombia, el registro en el censo electoral es automático, lo que significa que cada ciudadano queda incluido inmediatamente a su mayoría, en el momento de tramitar su cédula de ciudadanía. Por tanto, aunque los procedimientos del censo poblacional y del censo electoral son independientes uno del otro, se esperaría encontrar una relación estrecha entre ellos, incluyendo en el segundo a todos los ciudadanos mayores de edad registrados en en el primero, salvo que no gocen del derecho a voto (porque se encuentran privados de sus derechos cívicos por una condena o porque son miembros de las fuerzas armadas, que, en Colombia, no pueden votar).
Así, es de esperar que el censo poblacional sea mayor al electoral. Sin embargo, encontramos casos en los que dicha relación no se cumple o incluso es inversa. Durante las elecciones presidenciales del 2018, fue posible observar cómo la anterior anomalía en el registro electoral sucedió en municipios mayoritariamente ubicados en la Región Andina. El caso en que se presenta el mayor desfase es Puerto Santander, en el departamento del Norte de Santander.
Otro de los municipios que llaman la atención por la marcada disparidad frente al censo es La Victoria, en Boyacá. En este último municipio, el alcalde se encuentra investigado por hacer uso de los recursos públicos para beneficiar al vecino Yacopí (Cundinamarca), con el fin de influir en las elecciones de su municipio. Por su lado, aunque las diferencias en Envigado no son tan amplias como los casos anteriormente mencionados, es un posible ejemplo de cómo la conexión existente entre el área metropolitana y la ciudad correspondiente hace que no sea necesario cambiar el lugar de inscripción de la cédula, así ya no se esté residiendo en el lugar original de inscripción.
En estos casos (color amarillo a rojo sobre el mapa), se supone que el municipio tiene más ciudadanos en edad de votar que de habitantes que el censo pudo encontrar (incluyendo menores de edad). Es decir que, si postulamos que el censo poblacional ha sido bien hecho, el censo electoral del municipio está considerablemente inflado. Esto puede explicarse por:
- Problemas de depuración del censo, acumulados lo largo del tiempo.
- Fenómenos migratorios internos. Estos municipios son expulsores de una población que sigue inscrita en ellos, aunque ya no vive ahí. El hecho de que se trate principalmente de pequeños municipios de la cordillera oriental, cercanos a la capital, lo confirma.
- Los efectos de la trashumancia. Los políticos de estos pueblos organizan inscripciones de unos ciudadanos ajenos al municipio para poder movilizarlos el día de las elecciones locales.
Ahora bien, durante las elecciones del 2018 también fue posible evidenciar casos que, aunque contrarios a los anteriormente descritos, son anormales porque el censo electoral es muy inferior al censo poblacional. En estos casos, lo más probable es que la población real esté subregistrada, debido a la dificultad de la Registraduría al acceder a ella, pues la geografía y las características propias de estas zonas lo dificultan. Ejemplo de ello son los municipios de Cumarimbo y Mirití-Paraná, en los departamentos de Vichadá y Amazonas respectivamente.
De la misma manera, puede tratarse de fenómenos migratorios en dirección opuesta a los que se han descrito anteriormente: se trata de municipios receptores de movimientos migratorios, bien sea de una población que sigue inscrita en su lugar de origen, o de extranjeros que no poseen derechos políticos.
En cualquier caso, esta simple comparación muestra que el censo electoral tiene muchos problemas, y que valdría la pena hacer un corte para depurarlo, o hacerlo nuevamente desde cero, como la última vez en 1986. Esto fue un elemento incluido en los acuerdos de La Habana para controlar mejor la trashumancia electoral y para evitar que se eleven artificialmente los umbrales requeridos, al hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. El otro problema es que estamos en mora de controlar mejor los movimientos de población en el censo electoral, con una definición más estricta de la residencia electoral. El gobierno había anunciado al respecto una reforma del código electoral, en la cual valdría la pena incluir el tema.