La participación (o su opuesto que es la abstención) es uno de los indicadores fuertes de la geografía electoral, pues suele comportarse de manera constante a través del tiempo y cuando varía, no afecta su distribución territorial de manera significativa. Datos de la Registraduría de las últimas tres décadas ubican el porcentaje de participación en Colombia en un rango del 35% al 45% en las elecciones legislativas entre 1991 y 2014. Si bien ha habido una variación relativamente holgada durante este periodo, la participación sigue caracterizándose por tener un comportamiento poco variable en los territorios a través de estas dos décadas.
No obstante, las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo dejaron una percepción más optimista por el aumento en cinco puntos porcentuales de la participación electoral con respecto a las mismas elecciones en 2014. Este dato (48,82% según el preconteo) es el más alto desde que la Constitución de 1991 entró en vigencia.
A nivel histórico la distribución territorial de la participación en las elecciones al Senado ha tenido dos características: una alta participación en la costa Caribe y bajos niveles de participación en departamentos del centro y sur del país. Estos comicios no fueron la excepción. Salvo por algunas zonas de las que se hablará más adelante, la distribución fue muy similar a la del 2014.
Ahora bien, el aumento general de la participación trajo consigo variaciones puntuales en algunas regiones de Colombia. Esto es evidente en el mapa de la diferencia en puntos porcentuales de la participación a las elecciones de Senado entre 2014 y 2018. Los colores fríos representan una disminución de la participación y los tonos cálidos un aumento de esta. En casi todas las capitales de departamento hubo un aumento significativo en la participación. El caso de Bogotá fue el más llamativo, pues hubo 900.000 personas adicionales que votaron en el 2018. Las únicas tres capitales que no siguieron esta tendencia fueron Montería, Sincelejo y Mocoa.
Por el contrario, algunos departamentos de la costa Atlántica como Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, presentaron una disminución en puntos porcentuales de participación en algunos municipios. Curiosamente, estos departamentos han tenido niveles históricamente altos de participación en estos comicios.
Hay dos explicaciones posibles para este aumento histórico de la participación. La primera es el fin del conflicto con las FARC. Gran parte de los territorios que estaban ocupados por las FARC y ahora tienen presencia estatal con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) presentan un aumento de la participación con respecto al 2014. Además, el cese al fuego que hizo el ELN en ese día también ayudó a que la jornada transcurriera con total normalidad salvo el municipio de Francisco Pizarro en Nariño en donde sus habitantes protestaron por la falta de servicios públicos y bloquearon la entrada a los puestos de votación.
Lo anterior no sugiere un desconocimiento de la presencia de grupos armados y de grupos disidentes en el país, sino que resalta la observación de las dinámicas de participación el 11 de marzo en las zonas que presentaban antecedentes de mayor abstención por motivos violentos. De hecho, la baja participación en el norte de Antioquia puede explicarse por la permanencia de grupos armados como las bandas criminales y el ELN en esta región, incluso cuando hay PDET implementándose de manera simultánea.
La segunda explicación está más relacionada con la variación del voto clientelista y del voto de opinión. El voto de maquinaria es la máxima expresión del clientelismo a niveles macro en el proceso electoral colombiano, y se ha consolidado en los territorios como método de instauración de algunos partidos políticos. Departamentos como Córdoba y Sucre han sido tristemente célebres por estas prácticas y en 2014 lograron posicionar en el Senado a varios caciques como Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile. Sin embargo, en estos departamentos hubo una disminución de la participación en varios puntos porcentuales con respecto a hace cuatro años, a pesar de seguir estando muy por encima del promedio nacional.
Las condenas a varios senadores, incluyendo a Elías y a Besaile, por diferentes casos de corrupción desincentivó a los ciudadanos a que votaran por sus herederos políticos y prefirieron votar por otras opciones o abstenerse. Además, la reciente introducción de nuevos delitos electorales en el Código Penal limitó las cuantiosas donaciones que gozaron los candidatos hace cuatro años. A partir de este año, los donantes deben reportar los aportes realizados a las campañas electorales y estos recursos no deben provenir de fuentes prohibidas por la ley; de lo contrario, estos empresarios se verían expuestos a penas de prisión.
El 11 de marzo fue un panorama un poco más alentador en este sentido, pues a pesar de que en municipios como Sahagún siguieron reportando movidas de las maquinarias para asegurar votos, no dio los resultados esperados y es posible afirmar que disminuyó su proporción con respecto al voto de opinión.
Aunque el voto de opinión no suele tener tanto peso en Senado y Cámara, este año marcó la diferencia con resultados inesperados en varios partidos que dependen menos de estas prácticas y más del posicionamiento de figuras visibles a nivel nacional. La Consulta de Inclusión Social para la Paz y la Gran Consulta por Colombia motivaron a muchas personas a ir a las urnas para apoyar a su precandidato preferido o para torpedear la elección de quien no les agradaba.
Adicional a esto, el creciente clima de polarización electoral contribuyó a que más votantes tomaran posición por alguno de los partidos de centro-izquierda o de derecha que fueron protagonistas en este enfrentamiento. La Alianza Verde, el Polo Democrático, el Centro Democrático y la lista de la Decencia fueron beneficiados con este aumento de la votación en las principales ciudades y este fenómeno influyo significativamente en la participación general del país, además de marcar un precedente.
Algunas de las dinámicas de participación que se registraron el 11 de marzo son la extensión y consecuencia de unas costumbres consolidadas en las regiones, y es lo que muestran los mapas: una variación muy estática que sin embargo está cambiando en algunos entornos urbanos y rurales. El aumento de la participación en regiones que padecían de hechos violentos o la creciente votación en ciudades donde había una abstención más alta que el promedio, dan motivos para creer en el desgaste de la política tradicional y la gestación del interés por manifestar la insatisfacción de estas prácticas políticas.