Pacto histórico a las legislativas 2022: ¿La unión hace la fuerza?

Durante las últimas semanas, las tomas de posición de ciertas figuras políticas en diversos ámbitos del espectro ideológico han ido precisando el panorama electoral del 2022. Por ejemplo, desde la izquierda surgió la idea de un “Pacto histórico” que busca juntar organizaciones en oposición al gobierno actual, para presentarse a las próximas elecciones legislativas. Los partidos que confirmaron su participación en la alianza son Colombia Humana-Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Algunos movimientos han manifestado su adhesión, entre los cuales se encuentran “Todos somos Colombia” liderado por Clara López, así como Unidad Democrática y el Partido del Trabajo de Colombia, dos corrientes que alguna vez se integraron al PDA y luego la Alianza Verde. Han extendido el llamado a la ciudadanía para intervenir en la conformación de listas y quieren hacerlas paritarias, pero todavía no se sabe si serán abiertas o cerradas. Tampoco parecen rechazar nuevos miembros, aunque algunos líderes de otros sectores (de la Alianza Verde, disidentes liberales, Compromiso ciudadano y hasta Ángela Robledo) anunciaron una “Coalición de la esperanza”, al menos para presidenciales, en la que ya se descartó colaborar con Gustavo Petro.

Con intereses comunes sobre la defensa de los Acuerdos de Paz y la consecución de reformas en distintos aspectos de la vida nacional, las fuerzas del “pacto histórico” se han trazado el objetivo de ocupar 55 escaños en Senado y 86 en Cámara de Representantes. Sin embargo, este sector parece tener un panorama mucho más claro para las elecciones presidenciales, con el liderazgo poco contestado del senador Petro, que en las legislativas. Las fuerzas que lo constituyen tienen más raíces en los movimientos sociales y la sociedad civil que en el Congreso o la intrincada política electoral. Entonces, con mucho aún por definir ¿Tiene el Pacto Histórico suficiente capital electoral para cumplir con tales expectativas? Al igual que hicimos con la “Socialdemocracia” de Roy Barreras, hemos llevado a cabo un ejercicio que no pretende predecir lo que va a suceder en las elecciones de 2022; sino utilizar los datos de las elecciones pasadas para formarnos una idea sobre el potencial electoral de partida que ponga en perspectiva el alcance del pacto.

Para ello, consideramos la votación recolectada en 2018 por los partidos del pacto (PDA y la Coalición Lista de la Decencia) y personalidades como Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes, habiéndose distanciado del Partido de la U, ahora respaldan la propuesta. Entre todos acumulan 1’118.655 votos en la circunscripción nacional del Senado (descontando los de Jorge Robledo y Leonidas Gómez, quienes crearon el colectivo “Dignidad”, que se orienta más hacia la “Coalición de la esperanza”). Esto hubiera sido suficiente para pasar el umbral definido en esa ocasión, pero al recrear la repartición de escaños mediante cifra repartidora solamente se quedarían con 8 senadores. Los apoyos no superan 45% del voto (siendo una cifra excepcional en sus resultados) en ningún municipio y se concentran en zonas del Catatumbo, Caquetá, Cauca, Amazonas y la ciudad de Buenaventura: lugares marcados por las dinámicas del conflicto que se inclinaron por el “sí” en el plebiscito de 2016, y que dibuja el área de influencia tradicional de la izquierda. Cabe advertir que estas son franjas más resaltadas en el mapa porque la suma obtiene una mejor proporción de la votación municipal, mas no porque tales municipios alberguen muchos electores. De hecho, es un gran reto para el pacto ampliar la distribución territorial pero también la “densidad” de sus votos y las elecciones están a la vuelta de un año.

En lo que respecta a la Cámara de Representantes, sumamos los votos que harían parte del Pacto (PDA, UP, Lista de la Decencia, MAIS y ASI) y calculamos el número de escaños. Los resultados no son muy alentadores: parece que esta alianza no es suficiente para superar el umbral en la mayoría de los departamentos, pues lo conseguiría solo en cinco de ellos (Antioquia, Bogotá, Boyacá, Nariño y Valle), con base en los resultados de 2018. Así, podrían obtener seis representantes entre los departamentos de Antioquia (1), Bogotá (4) y Boyacá (1). Entonces, por cómo están las cosas, el combustible de la coalición se acabaría mucho antes de llegar a las proyecciones que están manejando.

No obstante, hay una serie de consideraciones acerca de los resultados que obtuvimos. Por un lado, hemos incluido al partido ASI por la afinidad que los llevó a estar con “Decentes” en 2018, pero hasta hoy no se ha hecho oficial su entrada en la coalición. Por otra parte, no hay certeza sobre qué tan “endosables” serían los votos que hemos contado para figuras como los senadores Barreras o Benedetti. Aunado a esto, si bien algunos sectores de la Socialdemocracia pueden simpatizar con el pacto, todavía no es claro cómo se incluirían. Además, no referimos aquí al partido Comunes (anteriormente Farc), dado que ha manifestado su intención de respaldar el Pacto, pero al interior despierta reticencias. Finalmente, en cuanto a los votos que aporta el PDA, es preciso tener en cuenta que no todos se pueden transferir al Pacto Histórico por las implicaciones de su escisión.

Como ya mencionamos, faltan muchos aspectos por concretar, pero al menos sobre los datos de las legislativas en 2018, el pacto no sería tan histórico como pintan. Al unir movimientos cuya representación ya es reducida, sus partes no aumentan significativamente las posibilidades de hacerse con un número tan amplio de escaños e incluso, esta movida aparecería más como un salvavidas para no perder personerías jurídicas. La coalición siempre podrá contar con el impulso de Petro, pero las cifras de 2018 ya lo tenían incorporado de cierto modo a favor de la Lista Decentes, que se benefició de la organización simultánea con la consulta entre Petro y Carlos Caicedo. Lo anterior podría esconder un agravante: el éxito de la consulta “Inclusión social por la paz” también respondía a la ausencia de la Coalición Colombia, que ya había definido su candidato, contrario al escenario de 2022 cuando parece que la Coalición de la Esperanza irá a consulta.   Por ende, a quienes están dentro o fuera del Pacto les queda reflexionar si hay puntos de consenso bajo los cuales también se pueda cobijar aquellas tendencias que quieren mostrarse más de “centro”, con miras hacia gestar una alianza de mayor amplitud. Además, es una oportunidad para cuestionar hasta qué punto convienen tantas rupturas internas a los partidos alternativos y qué tanto responden a lo estrictamente ideológico, si igual terminan agrupándose no solo para ganar sino para sobrevivir. Al final, si la historia la escriben los ganadores, habría que replantear la estrategia para amasar un capital electoral que efectivamente le dispute el control del Congreso a los partidos tradicionales.

La social democracia como “nueva bancada”: ¿Tiene con qué?

La social democracia como “nueva bancada”: ¿Tiene con qué?

Las tensiones con el gobierno Duque, el interés de proteger los Acuerdos de paz de La Habana y el rechazo al referendo propuesto por el uribismo (para derogar la JEP y crear una sola Corte), han dado origen a una nueva bancada “suprapartidista” en el Congreso: los “liberales socialdemócratas”. Estaría integrada por miembros del Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, distanciados de la dirigencia en sus respectivas colectividades, a quienes acusan de perder la identidad, sobre todo en términos de coherencia ideológica. Entre los senadores que participarían en este nuevo proyecto político se destacan Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega y Rodrigo Lara entre otros. El primero en particular se ha ubicado como un líder de la propuesta al anunciar su retiro del partido de la U, junto con su aspiración presidencial y un referendo para revocar el presidente.

Si bien algunos son críticos con la movida de Barreras por considerar que sirve sobre todo de base de lanzamiento para su candidatura presidencial (suposición ahora más fundamentada con el aval que le entregó el partido ADA), cabe considerar cuál sería el alcance de un nuevo movimiento, impulsado por estas figuras políticas. Ahora bien, aunque la capacidad electoral de este movimiento se definiría hasta las próximas elecciones del 2022, basándose en los resultados electorales de 2018 obtenidos por varios congresistas que estarían en la bancada “LSD”, se puede estimar si pasarían el umbral para obtener curules.

En las elecciones del 2018 los senadores que “suenan” como parte de la bancada socialdemócrata, alcanzaron los siguientes resultados: Roy Barreras, 112.695 votos; Armando Benedetti, 78.887; Rodrigo Lara, 89.350; Temístocles Ortega, 64.803 votos; Horacio José Serpa, 93.699; Luis Fernando Velasco, 75.273; y Guillermo García Realpe, 66.011. Lo anterior resulta en un total de 580.718 votos, lo cual supera el umbral, que para los comicios del Senado en 2018 fue de 456.357. Si además utilizamos la cifra repartidora definida en la pasada elección (131.683,94) para este ejercicio de aproximación, al movimiento surgido de esta bancada le corresponderían 4 curules en Senado. Estas cuentas no tendrían en consideración a varios posibles nuevos integrantes del movimiento, los cuales podrían contribuir al aumento de su caudal electoral. No obstante, es preciso recordar que los congresistas llamados a integrar un nuevo movimiento y aspirar a cargos de elección popular deberán retirarse un año antes, con el fin de no incurrir en una doble militancia.

Analizando la distribución de las votaciones de las pasadas elecciones, se identifican algunos votos concentrados al sur oriente, correspondientes sobre todo a los patrones electorales de los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, en zonas que podrían estar influenciadas por temáticas de las que ambos se han ocupado: preocupaciones sobre los acuerdos de paz, presencia de minorías étnicas y el desarrollo de las regiones. Así mismo, en el sur occidente del país, se destaca el liderazgo de Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega y Guillermo García Realpe, quienes han ocupado cargos de elección popular tanto en el Cauca como en Nariño. Otras regiones como Santander y Huila también se destacan por el aporte de votantes para personajes como Horacio José Serpa, en el primer caso, y Rodrigo Lara en el segundo, en gran medida por el legado político de sus padres. Esta repartición territorial no se ve muy favorable en la medida en que varias figuras de la bancada aparecen más como competidores que como complementarios en el ámbito electoral, sobre todo en el suroccidente del país.

Estos lugares serían vitales para el movimiento si es que planean participar en las próximas elecciones legislativas, pero aún les queda mucho terreno por ganar. Tienen todavía escasa presencia en las grandes ciudades, les falta llegar a las costas y al centro del país, a pesar de que este último ha mostrado generalmente un comportamiento más conservador. Resta todavía una importante partida hasta el 2022, en la que habría que ver cómo juegan las fuerzas políticas más cercanas al centro, lo que queda del “santismo” y otras personalidades disidentes de los partidos tradicionales, que cada vez parecen apostarle más a consolidarse como una alternativa de oposición frente al “uribismo”.

El ejercicio no deja de ser especulativo. Nada dice que los actuales senadores obtendrían los mismos resultados en 2022, y la apuesta de ellos es que este nuevo posicionamiento, ideológicamente más llamativo, les traería más votos, en particular en el ámbito urbano. Sería algo necesario ya que el caudal de 2018 no les alcanzaría para renovar todas las actuales curules. Esto nos recuerda que la creación de un nuevo partido no es asunto fácil, no solo por el obstáculo legal que implica el tema de la doble militancia sino porque nuestro sistema electoral está pensado para favorecer partidos grandes (con el umbral y el sistema d’Hondt), un punto que los políticos tienen que guardar en mente en época en que suenan proyectos nuevos de escisiones, disidencias y nuevos partidos.

Censo poblacional y censo electoral

Entender las lógicas electorales del país requiere tener presente los conceptos de censo poblacional y censo electoral, sabiendo que el primero se refiere al total de personas que reside en un determinado territorio. Por su parte, el segundo nos indica el número de habitantes que cumplen con los requisitos para ejercer el derecho al sufragio y hacer uso de distintos mecanismos de participación ciudadana, y que están debidamente registrados para hacerlo.

En Colombia, el registro en el censo electoral es automático, lo que significa que cada ciudadano queda incluido inmediatamente a su mayoría, en el momento de tramitar su cédula de ciudadanía. Por tanto, aunque los procedimientos del censo poblacional y del censo electoral son independientes uno del otro, se esperaría encontrar una relación estrecha entre ellos, incluyendo en el segundo a todos los ciudadanos mayores de edad registrados en en el primero, salvo que no gocen del derecho a voto (porque se encuentran privados de sus derechos cívicos por una condena o porque son miembros de las fuerzas armadas, que, en Colombia, no pueden votar).

Así, es de esperar que el censo poblacional sea mayor al electoral. Sin embargo, encontramos casos en los que dicha relación no se cumple o incluso es inversa. Durante las elecciones presidenciales del 2018, fue posible observar cómo la anterior anomalía en el registro electoral sucedió en municipios mayoritariamente ubicados en la Región Andina. El caso en que se presenta el mayor desfase es Puerto Santander, en el departamento del Norte de Santander.

Otro de los municipios que llaman la atención por la marcada disparidad frente al censo es La Victoria, en Boyacá. En este último municipio, el alcalde se encuentra investigado por hacer uso de los recursos públicos para beneficiar al vecino Yacopí (Cundinamarca), con el fin de influir en las elecciones de su municipio. Por su lado, aunque las diferencias en Envigado no son tan amplias como los casos anteriormente mencionados, es un posible ejemplo de cómo la conexión existente entre el área metropolitana y la ciudad correspondiente hace que no sea necesario cambiar el lugar de inscripción de la cédula, así ya no se esté residiendo en el lugar original de inscripción.

En estos casos (color amarillo a rojo sobre el mapa), se supone que el municipio tiene más ciudadanos en edad de votar que de habitantes que el censo pudo encontrar (incluyendo menores de edad). Es decir que, si postulamos que el censo poblacional ha sido bien hecho, el censo electoral del municipio está considerablemente inflado. Esto puede explicarse por:

  • Problemas de depuración del censo, acumulados lo largo del tiempo.
  • Fenómenos migratorios internos. Estos municipios son expulsores de una población que sigue inscrita en ellos, aunque ya no vive ahí. El hecho de que se trate principalmente de pequeños municipios de la cordillera oriental, cercanos a la capital, lo confirma.
  • Los efectos de la trashumancia. Los políticos de estos pueblos organizan inscripciones de unos ciudadanos ajenos al municipio para poder movilizarlos el día de las elecciones locales.  

Ahora bien, durante las elecciones del 2018 también fue posible evidenciar casos que, aunque contrarios a los anteriormente descritos, son anormales porque el censo electoral es muy inferior al censo poblacional. En estos casos, lo más probable es que la población real esté subregistrada, debido a la dificultad de la Registraduría al acceder a ella, pues la geografía y las características propias de estas zonas lo dificultan. Ejemplo de ello son los municipios de Cumarimbo y Mirití-Paraná, en los departamentos de Vichadá y Amazonas respectivamente.  

De la misma manera, puede tratarse de fenómenos migratorios en dirección opuesta a los que se han descrito anteriormente: se trata de municipios receptores de movimientos migratorios, bien sea de una población que sigue inscrita en su lugar de origen, o de extranjeros que no poseen derechos políticos.

En cualquier caso, esta simple comparación muestra que el censo electoral tiene muchos problemas, y que valdría la pena hacer un corte para depurarlo, o hacerlo nuevamente desde cero, como la última vez en 1986. Esto fue un elemento incluido en los acuerdos de La Habana para controlar mejor la trashumancia electoral y para evitar que se eleven artificialmente los umbrales requeridos, al hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. El otro problema es que estamos en mora de controlar mejor los movimientos de población en el censo electoral, con una definición más estricta de la residencia electoral. El gobierno había anunciado al respecto una reforma del código electoral, en la cual valdría la pena incluir el tema.