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El artículo 29 de la ley 5° de 1992 define la moción de censura como un acto mediante el que el Congreso “reprocha la actuación de uno o varios ministros del Despacho dando lugar a la separación de su cargo”. En ejercicio de este mecanismo constitucional con el que cuenta el Congreso para limitar el poder del ejecutivo y hacer control político, 16 congresistas de los partidos declarados en oposición a nivel nacional decidieron radicar un acto de moción de censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano Aponte, el 4 de mayo. Esto se da en el marco del paro nacional, donde se han registrado numerosas denuncias de abusos policiales y violación de los DDHH por parte de la fuerza pública. De esta manera, los Congresistas de la oposición buscaban que Molano responda por cerca de 3000 hechos de violencia policial entre el 28 de abril y el 21 de mayo, según los reportes de la ONG Temblores (ver cifras que citan el radicado de la proposición aquí) y por haber llevado a cabo una campaña de estigmatización hacia la protesta social.

El pasado jueves 27 de mayo, la plenaria del Senado negó la moción contra el ministro Molano. En esta nota tratamos de identificar a quiénes representan aquellos que votaron a favor y en contra de la moción de censura, y a quiénes representan. Para ello sumamos los votos por municipio que obtuvieron los senadores en ejercicio, que votaron a favor de la moción y en contra de la moción, obtenidos en las elecciones de marzo de 2018 (sin tener en cuenta aquellos senadores que se abstuvieron o que no asistieron a la sesión). De esta manera, calculamos el porcentaje de votos representados en el municipio a favor y en contra de la moción, y mapeamos la diferencia entre ambos porcentajes como se muestra a continuación.

El ejercicio cartográfico nos muestra que quienes votaron para separar a Molano de su cargo, cuentan con electorados más fuertes en el litoral pacífico, Boyacá y, en menor medida, el sur oriente del país. Es interesante notar que, al menos en lo que respecta a la costa pacífica, hay una relación entre las zonas de mayor diferencia entre los votos de los congresistas (comparados según su postura frente a la moción) cuando esta se inclina a favor de los partidos opositores y los resultados de otros comicios. Además, estos lugares corresponden a las votaciones más altas de  Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018 (ver mapa aquí ) y donde el “Sí” ganó el plebiscito (ver mapas aquí).

Esto no significa que las fuerzas de Petro estén directamente asociadas a las manifestaciones o a los senadores que dieron paso a la moción. Más bien, puede significar que aquellos senadores críticos de la gestión del ministro Molano, en el marco de las manifestaciones, son elegidos en aquellos lugares donde hay un fuerte rechazo al uribismo. De cualquier forma que queramos leer el asunto, el hecho es que existe una correspondencia clara entre la zona de mayor intensidad del paro (el suroccidente) y el electorado de los senadores que apoyaron la moción de censura al ministro.  Esto sugiere que la representación democrática funciona, y que la presión del paro llevó a congresista de la zona a votar la censura, incluyendo a algunos que no son de la oposición como Temístocles Ortega (ver mapa electoral aquí) o Roosvelt Rodríguez (ver mapa electoral aquí).

Por otro lado, el caudal electoral de los senadores que votaron negativamente proviene principalmente del centro y el norte del país. Esto tiene que ver con la fuerza con la que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y la U cuentan allí, pues prácticamente todos sus senadores se opusieron a la moción contra Molano. También parece existir en estos casos una suerte de discontinuidad con el patrón observado en votaciones pasadas, pues en la región Caribe tanto Petro como el “Sí” en el Plebiscito obtuvieron una gran cantidad de votos. Las observaciones en los llanos mantienen cierta lógica, dado que su comportamiento electoral ha virado del liberalismo al uribismo que, en este caso, también le ofrece una votación importante a los senadores que se opusieron a la moción.

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Ahora bien, hemos querido ver qué pasó con los apoyos del Senado en sitios donde los hechos violentos contra los manifestantes han sido no solo más numerosos, sino más cruentos. Esto, en tanto que ha sido en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira donde más se han reportado casos de violencia policial (consultar información georreferenciada de estos registros aquí). En este sentido, entre las capitales de departamento que prefirieron a quienes hoy ratifican a Molano como ministro se destacan hegemónicamente Barranquilla y luego, sobre un 60% del voto: Bucaramanga, Pereira, Ibagué y Medellín. Al contrario, núcleos urbanos como Popayán, Tunja, Pasto, Bogotá e incluso la misma Cali optaron en el 2018 por candidatos que hoy parecieran responder un poco más a sus electores favorables al paro.

Teniendo en cuenta que las ciudades han visto mayor participación en las movilizaciones a favor del paro -o recientemente también en contra de los bloqueos por el paro-pero también han sufrido los impactos de una crisis social, agravada por la pandemia y ahora, los hechos violentos, cabe cuestionarse si habrá un rechazo en las urnas citadinas para quienes respalden a Molano.  Por ejemplo, el senador Rodrigo Lara sorprendió cambiando de voto a último momento y enfrentó las críticas con explicaciones poco convincentes, frente a un electorado principalmente urbano (ver mapa electoral aquí).  Estaremos entonces, a la expectativa de los cambios que puede presentar allí la conducta electoral y el rol que jugará esta coyuntura en las estrategias de campaña para las elecciones que se avecinan.

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Durante las últimas semanas, las tomas de posición de ciertas figuras políticas en diversos ámbitos del espectro ideológico han ido precisando el panorama electoral del 2022. Por ejemplo, desde la izquierda surgió la idea de un “Pacto histórico” que busca juntar organizaciones en oposición al gobierno actual, para presentarse a las próximas elecciones legislativas. Los partidos que confirmaron su participación en la alianza son Colombia Humana-Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Algunos movimientos han manifestado su adhesión, entre los cuales se encuentran “Todos somos Colombia” liderado por Clara López, así como Unidad Democrática y el Partido del Trabajo de Colombia, dos corrientes que alguna vez se integraron al PDA y luego la Alianza Verde. Han extendido el llamado a la ciudadanía para intervenir en la conformación de listas y quieren hacerlas paritarias, pero todavía no se sabe si serán abiertas o cerradas. Tampoco parecen rechazar nuevos miembros, aunque algunos líderes de otros sectores (de la Alianza Verde, disidentes liberales, Compromiso ciudadano y hasta Ángela Robledo) anunciaron una “Coalición de la esperanza”, al menos para presidenciales, en la que ya se descartó colaborar con Gustavo Petro.

Con intereses comunes sobre la defensa de los Acuerdos de Paz y la consecución de reformas en distintos aspectos de la vida nacional, las fuerzas del “pacto histórico” se han trazado el objetivo de ocupar 55 escaños en Senado y 86 en Cámara de Representantes. Sin embargo, este sector parece tener un panorama mucho más claro para las elecciones presidenciales, con el liderazgo poco contestado del senador Petro, que en las legislativas. Las fuerzas que lo constituyen tienen más raíces en los movimientos sociales y la sociedad civil que en el Congreso o la intrincada política electoral. Entonces, con mucho aún por definir ¿Tiene el Pacto Histórico suficiente capital electoral para cumplir con tales expectativas? Al igual que hicimos con la “Socialdemocracia” de Roy Barreras, hemos llevado a cabo un ejercicio que no pretende predecir lo que va a suceder en las elecciones de 2022; sino utilizar los datos de las elecciones pasadas para formarnos una idea sobre el potencial electoral de partida que ponga en perspectiva el alcance del pacto.

Para ello, consideramos la votación recolectada en 2018 por los partidos del pacto (PDA y la Coalición Lista de la Decencia) y personalidades como Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes, habiéndose distanciado del Partido de la U, ahora respaldan la propuesta. Entre todos acumulan 1’118.655 votos en la circunscripción nacional del Senado (descontando los de Jorge Robledo y Leonidas Gómez, quienes crearon el colectivo “Dignidad”, que se orienta más hacia la “Coalición de la esperanza”). Esto hubiera sido suficiente para pasar el umbral definido en esa ocasión, pero al recrear la repartición de escaños mediante cifra repartidora solamente se quedarían con 8 senadores. Los apoyos no superan 45% del voto (siendo una cifra excepcional en sus resultados) en ningún municipio y se concentran en zonas del Catatumbo, Caquetá, Cauca, Amazonas y la ciudad de Buenaventura: lugares marcados por las dinámicas del conflicto que se inclinaron por el “sí” en el plebiscito de 2016, y que dibuja el área de influencia tradicional de la izquierda. Cabe advertir que estas son franjas más resaltadas en el mapa porque la suma obtiene una mejor proporción de la votación municipal, mas no porque tales municipios alberguen muchos electores. De hecho, es un gran reto para el pacto ampliar la distribución territorial pero también la “densidad” de sus votos y las elecciones están a la vuelta de un año.

En lo que respecta a la Cámara de Representantes, sumamos los votos que harían parte del Pacto (PDA, UP, Lista de la Decencia, MAIS y ASI) y calculamos el número de escaños. Los resultados no son muy alentadores: parece que esta alianza no es suficiente para superar el umbral en la mayoría de los departamentos, pues lo conseguiría solo en cinco de ellos (Antioquia, Bogotá, Boyacá, Nariño y Valle), con base en los resultados de 2018. Así, podrían obtener seis representantes entre los departamentos de Antioquia (1), Bogotá (4) y Boyacá (1). Entonces, por cómo están las cosas, el combustible de la coalición se acabaría mucho antes de llegar a las proyecciones que están manejando.

No obstante, hay una serie de consideraciones acerca de los resultados que obtuvimos. Por un lado, hemos incluido al partido ASI por la afinidad que los llevó a estar con “Decentes” en 2018, pero hasta hoy no se ha hecho oficial su entrada en la coalición. Por otra parte, no hay certeza sobre qué tan “endosables” serían los votos que hemos contado para figuras como los senadores Barreras o Benedetti. Aunado a esto, si bien algunos sectores de la Socialdemocracia pueden simpatizar con el pacto, todavía no es claro cómo se incluirían. Además, no referimos aquí al partido Comunes (anteriormente Farc), dado que ha manifestado su intención de respaldar el Pacto, pero al interior despierta reticencias. Finalmente, en cuanto a los votos que aporta el PDA, es preciso tener en cuenta que no todos se pueden transferir al Pacto Histórico por las implicaciones de su escisión.

Como ya mencionamos, faltan muchos aspectos por concretar, pero al menos sobre los datos de las legislativas en 2018, el pacto no sería tan histórico como pintan. Al unir movimientos cuya representación ya es reducida, sus partes no aumentan significativamente las posibilidades de hacerse con un número tan amplio de escaños e incluso, esta movida aparecería más como un salvavidas para no perder personerías jurídicas. La coalición siempre podrá contar con el impulso de Petro, pero las cifras de 2018 ya lo tenían incorporado de cierto modo a favor de la Lista Decentes, que se benefició de la organización simultánea con la consulta entre Petro y Carlos Caicedo. Lo anterior podría esconder un agravante: el éxito de la consulta “Inclusión social por la paz” también respondía a la ausencia de la Coalición Colombia, que ya había definido su candidato, contrario al escenario de 2022 cuando parece que la Coalición de la Esperanza irá a consulta.   Por ende, a quienes están dentro o fuera del Pacto les queda reflexionar si hay puntos de consenso bajo los cuales también se pueda cobijar aquellas tendencias que quieren mostrarse más de “centro”, con miras hacia gestar una alianza de mayor amplitud. Además, es una oportunidad para cuestionar hasta qué punto convienen tantas rupturas internas a los partidos alternativos y qué tanto responden a lo estrictamente ideológico, si igual terminan agrupándose no solo para ganar sino para sobrevivir. Al final, si la historia la escriben los ganadores, habría que replantear la estrategia para amasar un capital electoral que efectivamente le dispute el control del Congreso a los partidos tradicionales.