Categoría: Otros

La social democracia como “nueva bancada”: ¿Tiene con qué?

La social democracia como “nueva bancada”: ¿Tiene con qué?

Las tensiones con el gobierno Duque, el interés de proteger los Acuerdos de paz de La Habana y el rechazo al referendo propuesto por el uribismo (para derogar la JEP y crear una sola Corte), han dado origen a una nueva bancada “suprapartidista” en el Congreso: los “liberales socialdemócratas”. Estaría integrada por miembros del Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, distanciados de la dirigencia en sus respectivas colectividades, a quienes acusan de perder la identidad, sobre todo en términos de coherencia ideológica. Entre los senadores que participarían en este nuevo proyecto político se destacan Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega y Rodrigo Lara entre otros. El primero en particular se ha ubicado como un líder de la propuesta al anunciar su retiro del partido de la U, junto con su aspiración presidencial y un referendo para revocar el presidente.

Si bien algunos son críticos con la movida de Barreras por considerar que sirve sobre todo de base de lanzamiento para su candidatura presidencial (suposición ahora más fundamentada con el aval que le entregó el partido ADA), cabe considerar cuál sería el alcance de un nuevo movimiento, impulsado por estas figuras políticas. Ahora bien, aunque la capacidad electoral de este movimiento se definiría hasta las próximas elecciones del 2022, basándose en los resultados electorales de 2018 obtenidos por varios congresistas que estarían en la bancada “LSD”, se puede estimar si pasarían el umbral para obtener curules.

En las elecciones del 2018 los senadores que “suenan” como parte de la bancada socialdemócrata, alcanzaron los siguientes resultados: Roy Barreras, 112.695 votos; Armando Benedetti, 78.887; Rodrigo Lara, 89.350; Temístocles Ortega, 64.803 votos; Horacio José Serpa, 93.699; Luis Fernando Velasco, 75.273; y Guillermo García Realpe, 66.011. Lo anterior resulta en un total de 580.718 votos, lo cual supera el umbral, que para los comicios del Senado en 2018 fue de 456.357. Si además utilizamos la cifra repartidora definida en la pasada elección (131.683,94) para este ejercicio de aproximación, al movimiento surgido de esta bancada le corresponderían 4 curules en Senado. Estas cuentas no tendrían en consideración a varios posibles nuevos integrantes del movimiento, los cuales podrían contribuir al aumento de su caudal electoral. No obstante, es preciso recordar que los congresistas llamados a integrar un nuevo movimiento y aspirar a cargos de elección popular deberán retirarse un año antes, con el fin de no incurrir en una doble militancia.

Analizando la distribución de las votaciones de las pasadas elecciones, se identifican algunos votos concentrados al sur oriente, correspondientes sobre todo a los patrones electorales de los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, en zonas que podrían estar influenciadas por temáticas de las que ambos se han ocupado: preocupaciones sobre los acuerdos de paz, presencia de minorías étnicas y el desarrollo de las regiones. Así mismo, en el sur occidente del país, se destaca el liderazgo de Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega y Guillermo García Realpe, quienes han ocupado cargos de elección popular tanto en el Cauca como en Nariño. Otras regiones como Santander y Huila también se destacan por el aporte de votantes para personajes como Horacio José Serpa, en el primer caso, y Rodrigo Lara en el segundo, en gran medida por el legado político de sus padres. Esta repartición territorial no se ve muy favorable en la medida en que varias figuras de la bancada aparecen más como competidores que como complementarios en el ámbito electoral, sobre todo en el suroccidente del país.

Estos lugares serían vitales para el movimiento si es que planean participar en las próximas elecciones legislativas, pero aún les queda mucho terreno por ganar. Tienen todavía escasa presencia en las grandes ciudades, les falta llegar a las costas y al centro del país, a pesar de que este último ha mostrado generalmente un comportamiento más conservador. Resta todavía una importante partida hasta el 2022, en la que habría que ver cómo juegan las fuerzas políticas más cercanas al centro, lo que queda del “santismo” y otras personalidades disidentes de los partidos tradicionales, que cada vez parecen apostarle más a consolidarse como una alternativa de oposición frente al “uribismo”.

El ejercicio no deja de ser especulativo. Nada dice que los actuales senadores obtendrían los mismos resultados en 2022, y la apuesta de ellos es que este nuevo posicionamiento, ideológicamente más llamativo, les traería más votos, en particular en el ámbito urbano. Sería algo necesario ya que el caudal de 2018 no les alcanzaría para renovar todas las actuales curules. Esto nos recuerda que la creación de un nuevo partido no es asunto fácil, no solo por el obstáculo legal que implica el tema de la doble militancia sino porque nuestro sistema electoral está pensado para favorecer partidos grandes (con el umbral y el sistema d’Hondt), un punto que los políticos tienen que guardar en mente en época en que suenan proyectos nuevos de escisiones, disidencias y nuevos partidos.

Censo poblacional y censo electoral

Entender las lógicas electorales del país requiere tener presente los conceptos de censo poblacional y censo electoral, sabiendo que el primero se refiere al total de personas que reside en un determinado territorio. Por su parte, el segundo nos indica el número de habitantes que cumplen con los requisitos para ejercer el derecho al sufragio y hacer uso de distintos mecanismos de participación ciudadana, y que están debidamente registrados para hacerlo.

En Colombia, el registro en el censo electoral es automático, lo que significa que cada ciudadano queda incluido inmediatamente a su mayoría, en el momento de tramitar su cédula de ciudadanía. Por tanto, aunque los procedimientos del censo poblacional y del censo electoral son independientes uno del otro, se esperaría encontrar una relación estrecha entre ellos, incluyendo en el segundo a todos los ciudadanos mayores de edad registrados en en el primero, salvo que no gocen del derecho a voto (porque se encuentran privados de sus derechos cívicos por una condena o porque son miembros de las fuerzas armadas, que, en Colombia, no pueden votar).

Así, es de esperar que el censo poblacional sea mayor al electoral. Sin embargo, encontramos casos en los que dicha relación no se cumple o incluso es inversa. Durante las elecciones presidenciales del 2018, fue posible observar cómo la anterior anomalía en el registro electoral sucedió en municipios mayoritariamente ubicados en la Región Andina. El caso en que se presenta el mayor desfase es Puerto Santander, en el departamento del Norte de Santander.

Otro de los municipios que llaman la atención por la marcada disparidad frente al censo es La Victoria, en Boyacá. En este último municipio, el alcalde se encuentra investigado por hacer uso de los recursos públicos para beneficiar al vecino Yacopí (Cundinamarca), con el fin de influir en las elecciones de su municipio. Por su lado, aunque las diferencias en Envigado no son tan amplias como los casos anteriormente mencionados, es un posible ejemplo de cómo la conexión existente entre el área metropolitana y la ciudad correspondiente hace que no sea necesario cambiar el lugar de inscripción de la cédula, así ya no se esté residiendo en el lugar original de inscripción.

En estos casos (color amarillo a rojo sobre el mapa), se supone que el municipio tiene más ciudadanos en edad de votar que de habitantes que el censo pudo encontrar (incluyendo menores de edad). Es decir que, si postulamos que el censo poblacional ha sido bien hecho, el censo electoral del municipio está considerablemente inflado. Esto puede explicarse por:

  • Problemas de depuración del censo, acumulados lo largo del tiempo.
  • Fenómenos migratorios internos. Estos municipios son expulsores de una población que sigue inscrita en ellos, aunque ya no vive ahí. El hecho de que se trate principalmente de pequeños municipios de la cordillera oriental, cercanos a la capital, lo confirma.
  • Los efectos de la trashumancia. Los políticos de estos pueblos organizan inscripciones de unos ciudadanos ajenos al municipio para poder movilizarlos el día de las elecciones locales.  

Ahora bien, durante las elecciones del 2018 también fue posible evidenciar casos que, aunque contrarios a los anteriormente descritos, son anormales porque el censo electoral es muy inferior al censo poblacional. En estos casos, lo más probable es que la población real esté subregistrada, debido a la dificultad de la Registraduría al acceder a ella, pues la geografía y las características propias de estas zonas lo dificultan. Ejemplo de ello son los municipios de Cumarimbo y Mirití-Paraná, en los departamentos de Vichadá y Amazonas respectivamente.  

De la misma manera, puede tratarse de fenómenos migratorios en dirección opuesta a los que se han descrito anteriormente: se trata de municipios receptores de movimientos migratorios, bien sea de una población que sigue inscrita en su lugar de origen, o de extranjeros que no poseen derechos políticos.

En cualquier caso, esta simple comparación muestra que el censo electoral tiene muchos problemas, y que valdría la pena hacer un corte para depurarlo, o hacerlo nuevamente desde cero, como la última vez en 1986. Esto fue un elemento incluido en los acuerdos de La Habana para controlar mejor la trashumancia electoral y para evitar que se eleven artificialmente los umbrales requeridos, al hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. El otro problema es que estamos en mora de controlar mejor los movimientos de población en el censo electoral, con una definición más estricta de la residencia electoral. El gobierno había anunciado al respecto una reforma del código electoral, en la cual valdría la pena incluir el tema.