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Entender las lógicas electorales del país requiere tener presente los conceptos de censo poblacional y censo electoral, sabiendo que el primero se refiere al total de personas que reside en un determinado territorio. Por su parte, el segundo nos indica el número de habitantes que cumplen con los requisitos para ejercer el derecho al sufragio y hacer uso de distintos mecanismos de participación ciudadana, y que están debidamente registrados para hacerlo.

En Colombia, el registro en el censo electoral es automático, lo que significa que cada ciudadano queda incluido inmediatamente a su mayoría, en el momento de tramitar su cédula de ciudadanía. Por tanto, aunque los procedimientos del censo poblacional y del censo electoral son independientes uno del otro, se esperaría encontrar una relación estrecha entre ellos, incluyendo en el segundo a todos los ciudadanos mayores de edad registrados en en el primero, salvo que no gocen del derecho a voto (porque se encuentran privados de sus derechos cívicos por una condena o porque son miembros de las fuerzas armadas, que, en Colombia, no pueden votar).

Así, es de esperar que el censo poblacional sea mayor al electoral. Sin embargo, encontramos casos en los que dicha relación no se cumple o incluso es inversa. Durante las elecciones presidenciales del 2018, fue posible observar cómo la anterior anomalía en el registro electoral sucedió en municipios mayoritariamente ubicados en la Región Andina. El caso en que se presenta el mayor desfase es Puerto Santander, en el departamento del Norte de Santander.

Otro de los municipios que llaman la atención por la marcada disparidad frente al censo es La Victoria, en Boyacá. En este último municipio, el alcalde se encuentra investigado por hacer uso de los recursos públicos para beneficiar al vecino Yacopí (Cundinamarca), con el fin de influir en las elecciones de su municipio. Por su lado, aunque las diferencias en Envigado no son tan amplias como los casos anteriormente mencionados, es un posible ejemplo de cómo la conexión existente entre el área metropolitana y la ciudad correspondiente hace que no sea necesario cambiar el lugar de inscripción de la cédula, así ya no se esté residiendo en el lugar original de inscripción.

En estos casos (color amarillo a rojo sobre el mapa), se supone que el municipio tiene más ciudadanos en edad de votar que de habitantes que el censo pudo encontrar (incluyendo menores de edad). Es decir que, si postulamos que el censo poblacional ha sido bien hecho, el censo electoral del municipio está considerablemente inflado. Esto puede explicarse por:

• Problemas de depuración del censo, acumulados lo largo del tiempo.
• Fenómenos migratorios internos. Estos municipios son expulsores de una población que sigue inscrita en ellos, aunque ya no vive ahí. El hecho de que se trate principalmente de pequeños municipios de la cordillera oriental, cercanos a la capital, lo confirma.
• Los efectos de la trashumancia. Los políticos de estos pueblos organizan inscripciones de unos ciudadanos ajenos al municipio para poder movilizarlos el día de las elecciones locales.  

Ahora bien, durante las elecciones del 2018 también fue posible evidenciar casos que, aunque contrarios a los anteriormente descritos, son anormales porque el censo electoral es muy inferior al censo poblacional. En estos casos, lo más probable es que la población real esté subregistrada, debido a la dificultad de la Registraduría al acceder a ella, pues la geografía y las características propias de estas zonas lo dificultan. Ejemplo de ello son los municipios de Cumarimbo y Mirití-Paraná, en los departamentos de Vichadá y Amazonas respectivamente.  

De la misma manera, puede tratarse de fenómenos migratorios en dirección opuesta a los que se han descrito anteriormente: se trata de municipios receptores de movimientos migratorios, bien sea de una población que sigue inscrita en su lugar de origen, o de extranjeros que no poseen derechos políticos.

En cualquier caso, esta simple comparación muestra que el censo electoral tiene muchos problemas, y que valdría la pena hacer un corte para depurarlo, o hacerlo nuevamente desde cero, como la última vez en 1986. Esto fue un elemento incluido en los acuerdos de La Habana para controlar mejor la trashumancia electoral y para evitar que se eleven artificialmente los umbrales requeridos, al hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. El otro problema es que estamos en mora de controlar mejor los movimientos de población en el censo electoral, con una definición más estricta de la residencia electoral. El gobierno había anunciado al respecto una reforma del código electoral, en la cual valdría la pena incluir el tema.

Determinar quiénes son los ganadores y perdedores en una elección local que se juega en 1100 municipios distintos con sus ofertas políticas propias es una tarea que tiene mucho de acto de fe, sobre todo si añadimos a eso el problema de las coaliciones. En análisis pasados, habíamos propuesto un método que consistía en agrupar las candidaturas por “bloque” en función de las afiliaciones de los partidos o de las coaliciones con respecto a la política nacional: mayoría, independiente y oposición. Este método parece el más adecuado para hablar de los resultados a alcaldías, mientras los resultados de los cuerpos colegiales correspondientes, los concejos, serán los más aptos para mostrar la fuerza de los partidos propiamente dichos.

Desde que los resultados de las elecciones del domingo 27 de octubre han empezado a difundirse, se ha comentado la derrota de las fuerzas oficialistas y el progreso de la oposición, y no es para menos: los partidos de la mayoría son derrotadas en casi todas las grandes ciudades, con pocas excepciones como Ibagué y Valledupar. En cambio, la oposición gana en Bogotá, Cúcuta, Manizales y Armenia, más Cali en coalición con independientes.

Pero las grandes ciudades son un poco el árbol que esconde el bosque. Los resultados por bloque a nivel municipal se leen en el mapa siguiente.

Como vemos, aun con su derrota en las grandes ciudades, las fuerzas oficialistas siguen dominando el panorama, sobre todo si les añadimos las coaliciones con los independientes. En número de municipios, la oposición está todavía muy lejos de poder compararse con los partidos de la mayoría. Desde luego, un municipio pequeño no pesa lo mismo que una capital de departamento, y por tanto, un mapa de círculos colorados cuyos diámetros son proporcionales a los electorados de las ciudades pueden ser más adaptados. Permite apreciar mucho mejor el hecho de que la dominación numérica del gobierno se da por su arraigo en los municipios rurales, pero que la oposición o las fuerzas “inclasificables”, es decir, las candidaturas por firmas, dominan en el ámbito de las grandes ciudades.

Para observar la evolución de cada bloque, podemos finalmente observar el gráfico siguiente que nos da detalles importantes.

Si la caída del gobierno en términos de numero de municipios controlados es importante, no se da tanto por una progresión simétrica de la oposición, sino por la multiplicación de las coaliciones entre fuerzas de la mayoría e independientes. Esto se debe en particular a la estrategia nueva de Centro Democrático de abrirse a coaliciones cuando en 2015, había tratado de competir con candidatos propios. Esto confirma también que hay una grande porosidad entre el bloque mayoritario y el bloque independiente (que también pierde alcaldías en provecho de las coaliciones inter-bloques).

La oposición por su parte aumenta su caudal de alcaldías modestamente, pero ahí también aumentan más las alcaldías en coalición con los independientes, que casi no se veían en 2015. Se incrementan incluso los casos de alcaldías controladas por coaliciones “incoherentes”, es decir, que incluyen tanto partidos de la mayoría como de la oposición, aun si se limitan a municipios pequeños. Para las grandes ciudades, es más relevante el numero de alcaldes por firmas, por naturaleza “inclasificables”, como en el caso de Medellín, Cartagena, Bucaramanga y Santa Marta o Montería.