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¿Cómo visualizar los resultados de las elecciones locales?

La aprobación de la figura de las coaliciones en la reforma política de 2009, que se suma a los ya antiguos movimientos por firmas, ha vuelto los resultados de las elecciones locales muy difíciles de interpretar. De hecho, amanecimos el 26 de octubre con la casi totalidad de los líderes políticos reclamando la victoria para su partido sobre la base de cálculos dudosos, y con analistas tratando de extrapolar los resultados de la elecciones de un millar de alcaldes en todo el territorio a nivel nacional, con la suposición de que las elecciones de este domingo fueron un calentamiento para las elecciones nacionales de 2018.

Otorgar un sentido global a las elecciones locales no es ilegítimo, pero no es fácil. Requiere de una operación de totalización de los resultados que tiene siempre algo de arbitrario, sobre todo en un contexto en que los partidos tienden a tener poco protagonismo local y a ser desplazados por las coaliciones y los movimientos. Pero necesita también hacer elecciones metodológicas con interpretaciones políticas subyacentes siempre debatibles. Es lo que trataremos de hacer en este pequeño estudio sobre la base de los datos del preconteo de la Registraduría para las elecciones de alcaldes.

La aproximación más sencilla al ejercicio consiste en sumar los votos de los candidatos en función de sus partidos respectivos, y poner a parte los movimientos y coaliciones (ver gráfico 1).

Gráfico 1: Resultados de las elecciones a alcalde (% de los votos válidos)

Ya es un primer avance que nos permite mirar el orden de preferencia de los partidos entre los electores. El Partido Liberal es el que llega al primer puesto, con 2.012.713 votos, pero con menos de 10.000 votos de diferencia sobre el Partido de la U. Sigue Cambio Radical con poco más de 1.800.000 votos. Desde este punto de vista, habría que matizar los comentarios apresurados que ya hacen de Germán Vargas Lleras el Presidente electo de 2018. CR acorta la distancia con el Partido Liberal y la U, pero sigue en el tercer puesto. Lo mismo vale para la “derrota” del uribismo. Es cierto que Centro Democrático aparece algo rezagado con respecto a los tres partidos de la coalición oficialista, pero obtiene de todos modos un meritorio cuarto lugar antes del Partido Conservador en unas elecciones difíciles para las formaciones nuevas.

Lo que sí parece claro y que la mayor parte de los analistas subrayaron, es que las coaliciones fueron las opciones más votadas por los electores. Sumadas a los movimientos por firmas, atraen más de 36% de los electores que dejaron de lado los partidos, a comparar con el 24% de las elecciones de 2011.

Esta dominación de las coaliciones se atenúa si nos fijamos en el número de alcaldías ganadas, particularmente porque las coaliciones se implementan sobre todo en las grandes ciudades. Para no ir más lejos, en Bogotá, las tres opciones más votadas fueron coaliciones.

Grafico 2: Alcaldías ganadas por partido

Pero esta dominación de las coaliciones nos debería incitar a ir más allá. Resulta en realidad bastante insatisfactorio y atrevido atribuir puestos de ganadores y perdedores a nivel nacional excluyendo más del tercio de los votos, relegándolos en una categoría de “coaliciones y movimientos” por naturaleza imposible de interpretar políticamente.

Obviamente, abrir la caja negra de las coaliciones es bastante delicado. Todas obedecen a circunstancias locales, y una alianza entre el Partido Liberal y el Partido de la U en un pueblo de Boyacá puede tener un sustento político bastante distinto a una coalición de los mismos actores en una capital regional (o no tenerlo). Esta objeción es cierta, pero aplica en general a los partidos, no solo a las coaliciones. A esa cuenta, sería ilegítimo sumar los votos de un partido a nivel nacional, no solo en Colombia sino en cualquier parte. Es sin embargo la elección de la Registraduría que presenta los resultados como si una coalición entre dos mismos partidos en dos municipios distintos fueran actores políticos completamente distintos.

Por nuestra parte, nos parece que un primer paso consiste en agrupar las coaliciones constituidas por los mismos partidos sumando sus votos a nivel nacional. Esta primera etapa no es demasiado problemática, pero sigue siendo muy insuficiente. Dado que se presentaron 12 partidos en estas elecciones y que se pueden hacer coaliciones entre 2 o más partidos, o incluso con movimientos, obtenemos todavía 146 combinaciones distintas de coaliciones que compitieron para alcaldías. Sea dicho de paso, esto sugiere que la introducción de las coaliciones a partir de la reforma de 2009 nos acerca peligrosamente a la hiper-fragmentación que reinaba antes de la reforma de 2003.

Para representar los resultados, tenemos por lo tanto que adoptar unas convenciones razonables para agrupar partidos y coaliciones en grandes bloques que tengan sentido político. Proponemos aquí la siguiente manera:

En primer lugar agruparemos los partidos en 5 grandes bloques: el oficialismo, la oposición de izquierda, la de derecha, y los pivotes entre oficialismo y oposición a la derecha y a la izquierda. Precisemos para evitar debates fuera de nuestro tema que estos bloques se definen menos por naturaleza doctrinal o ideológica que por sus posicionamientos con respecto al ejecutivo nacional. Así, el oficialismo reúne a los tres partidos de la coalición de Unidad Nacional (PL, PSUN, CR). Clasificamos como oposición de izquierda al PDA y la UP, y como oposición de derecha al CD. Finalmente, ubicamos en posición pivote a los partidos que alternan o están divididos entre apoyos al gobierno y posiciones críticas acercándolos a las oposiciones de izquierda y derecha (la Alianza Verde en el primer caso, el Partido Conservador y Opción Ciudadana en el segundo). Consideramos como “neutros” a las formaciones que no se pueden ubicar sobre este espectro, es decir, los partidos indígenas que responden a otra lógica (AICO, ASI, y MAIS), y los movimientos ciudadanos que son demasiado diversos.

Para cada bloque, sumamos los votos de los partidos correspondientes, así como los de las coaliciones resultantes exclusivamente de combinaciones entre ellos, o ellos y “formaciones neutras”. Así, para el caso de Bogotá, ya podemos ubicar a Peñalosa en la categoría oficialismo (coalición de un componente oficialista y un neutro), lo mismo que Pardo (dos componentes oficialistas), mientras Clara López se clasifica a la izquierda (dos componentes de izquierda y uno neutro).

Finalmente, los bloques pueden representarse sobre un continuo de izquierda a derecha, de manera a hacer aparecer entre ellos espacios para ubicar los votos de las coaliciones entre componentes de bloques vecinos sobre el espectro. Así, una coalición AV-MAIS-PL-CR se ubica entre el bloque oficialista y el bloque pivote a la izquierda porque sólo reúne a elementos de ambos bloques (más un neutro), con exclusión de los otros bloques.

Con esta operación, podemos representar en un gráfico la ubicación política de 80% de los votos válidos que se expresaron en las elecciones a alcaldes (gráfico 3).

Gráfico 3: clasificación del voto a alcalde en un espectro de 5 bloques (en % del voto válido obtenido)

Este ejercicio podrá parecer un poco bizantino pero el resultado es bastante ilustrativo. En primer lugar, deja por fuera de la explicación únicamente a un poco más de 16% del voto. Cerca de 14% se fueron hacia los movimientos ciudadanos, los partidos indígenas únicamente, o coaliciones de los mismos. Más aun, apenas 2,2% de las coaliciones no son representables en este gráfico porque son políticamente “incoherentes”, es decir, reúnen a formaciones de bloques que no son vecinos sobre el espectro político (por ejemplo, una coalición que tenga entre sus socios a la vez la Alianza Verde y el Partido Conservador, o Cambio Radical y Centro Democrático). Esto significa que las coaliciones son mucho más coherentes de lo que parecen, y nos conforta en considerar que nuestro ejercicio tiene sentido.

Además, el gráfico nos muestra varias cosas que el sentido común percibe pero que no son fácilmente comprobables con la gráfica 1:

Que el oficialismo puede estar contento porque estas elecciones lo confortan.
Que la derecha no ha logrado constituirse en amenaza seria para el mismo.
Que el oficialismo, además, es particularmente “poroso” sobre su derecha y puede contar sobre aportes de los conservadores y Opción Ciudadana si lo necesita (las coaliciones bisagras entre oficialismo y los partidos pivotes de derecha lograron casi 5% de los votos).

Ahora bien, si este gráfico nos muestra la fuerza del oficialismo, nos dice poco de las relaciones al interior del mismo. Para investigar esto, podemos reproducir el ejercicio a escala reducida, entre los tres partidos del oficialismo (gráfico 4).

Gráfico 4: las relaciones de fuerzas al interior del oficialismo (en % del voto a favor del oficialismo como definido en el gráfico 3).

Así, consideramos los 3 partidos como “bloques” en el sentido anterior, sumando a su favor los votos del partido, y de sus coaliciones con fuerzas “neutrales”. Entre los partidos, aparecen los votos de las coaliciones entre ellos. Así, para retomar el caso bogotano, los votos de Peñalosa suman para el bloque Cambio Radical, y los de Pardo para la bisagra entre PL y PSUN.

Una vez más, esta gráfica nos permite ver cosas que varios analistas razonables destacaron sin poder fundamentarlo en las cifras:

Cambio Radical es efectivamente el gran vencedor de este escrutinio si le sumamos los votos que produjeron coaliciones con movimientos o los pequeños partidos indígenas.
Además, la coalición aparece fracturada entre CR y sus socios, porque la U y el PL hicieron alianzas fructíferas entre ellos, pero los pocos votos que recorren alianzas entre CR y sus socios muestra que éste prefiere jugar solo o con socios por fuera de la coalición.
Lo que nos lleva a una tercera enseñanza, esta vez más contra-intuitiva: si el oficialismo triunfa, es bastante dudoso que la coalición de Unidad Nacional como tal pueda ser considerada como vencedora en estas elecciones. Aparece dividida y desequilibrada. Un último dato viene confirmar eso: menos de 1% del voto del oficialismo se dirigió hacia coaliciones que reúnan los tres socios al mismo tiempo.

Las dificultades del control a la trashumancia

Lo que se juega en las elecciones locales de octubre no parece ser tanto la implementación territorial del posconflicto (que es muy prematura), ni la consolidación del uribismo como fuerza política (que juega más en las elecciones nacionales), o la continuidad de la izquierda en Bogotá (que es una perspectiva muy estrechamente cachaca del asunto). El tema central bien podría ser la credibilidad de las autoridades electorales. De manera sorpresiva, el Consejo Nacional Electoral ha asumido en estos comicios una actitud proactiva que no le conocíamos, desencadenando varias polémicas. La de mayor trascendencia, cuya importancia no medimos todavía, es la anulación de la inscripción de más de un millón y medio de cédulas por trashumancia electoral, lo que representa cerca de 5% del censo. Significa que un elector de veinte vio su inscripción anulada para votar en estas elecciones.

En principio, la medida parte de una excelente intención. La trashumancia es un delito muy serio en la medida en que aparece como una práctica conexa de la compra de votos. Los que manejan estas redes inscriben las cédulas de sus clientes en un puesto determinado para demostrar a los políticos a los cuales venden los votos que tienen efectivamente los votos que dicen tener. Tradicionalmente, la trashumancia no ha sido muy combatida en parte por la indolencia de las autoridades electorales, en parte por discrepancias acerca de lo que había que entender por residencia electoral. En este contexto, la trashumancia floreció como una práctica banal a la sombra de la impunidad. Por esta razón, el nuevo activismo del CNE en la materia es bienvenido.

No obstante, dicha institución pasó abruptamente de una actitud laxa a una posición maximalista que ha suscitado desconcierto e inconformidad. El Consejo decidió revisar la totalidad de las inscripciones nuevas en todos los municipios del país en un periodo de tiempo muy breve antes de las elecciones. Lo hizo confrontando las inscripciones con las bases de datos del FOSYGA, de la ANSPE, y del SISBEN, lo que de por sí es bastante contestable dado que estas bases tienen tantos problemas como el censo electoral. Mencionemos un caso extremo para ilustrarlo: el del desplazamiento forzado. Muchos municipios que fueron tocados por este fenómeno ostentan hoy altas tasas de cedulas anuladas, simplemente porque la población que se desplazó y volvió a su lugar de origen quedó inscrita en alguna de esas bases en el lugar hacia donde tuvo que huir. Resulta por lo menos paradójico que el Estado que los incita hoy a volver a sus tierras les niegue la inscripción en sus municipios de origen.

Aún más criticable fue la decisión de anular las inscripciones de las cedulas que no se encontraban en ninguna de estas bases y estaban inscritas en un municipio distinto en las pasadas elecciones locales. Esta última modalidad de anulación “por censo” es la más contestable y fue particularmente usada en las grandes ciudades. Con este procedimiento, las inscripciones pasaban a ser vistas como trashumantes a menos de que se demuestre lo contrario, cuando tradicionalmente, había que demostrar que las cedulas eran trashumantes, lo que resultaba difícil y no se concretaba sino demasiado tarde.

Frente a la ola de protesta, el CNE decidió echarse para atrás en Bogotá, recordando tardíamente que la trashumancia solo es considerada como un delito cuando se realiza entre municipios distintos. En el caso de Bogotá, se habían anulado inscripciones por trashumancia de una localidad a otra. Sin embargo, aunque la medida logre aplacar la inconformidad de parte de los bogotanos cuyas inscripciones habían sido anuladas sin motivo válido, no toca el corazón del problema. Para empezar, la idea de que no existe trashumancia intra-municipal se apoya sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoció la trashumancia como delito entendiendo que viola el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los asuntos que los conciernen. Con esta idea, la trashumancia solo sería un delito en elecciones locales y cuando se presenta entre municipios distintos. Pero esta visión desconoce la lógica de la trashumancia que es una lógica de control del electorado que puede presentarse también en elecciones nacionales o a nivel intra-municipal. De hecho, desde esta perspectiva, el CNE se quedó en realidad corto para atajar el fenómeno, en particular en el ámbito urbano. Lo que es cuestionable es el método de revisión de las inscripciones, pero no tanto el hecho de aplicarlo al ámbito intra-municipal.

Más aun, la anulación de inscripciones en Bogotá apenas representaba 1% de su censo. Fuera de las grandes capitales, el problema toma otras dimensiones como lo muestra el mapa siguiente.

Porcentaje de cédulas anuladas por municipio

En cerca de 100 municipios, las anulaciones representan más de 15% del censo (sobre la base del censo tal como quedó después de las anulaciones, ya que no tenemos los datos necesarios para reconstruir el censo tal como estaba antes del proceso). El récord es para San Francisco (Antioquia) con 41,3% del censo anulado. Los municipios de Bolívar, Chocó, Meta y Norte de Santander son los que más aparecen entre los de mayor tasa de anulación.

Municipio	Departamento	Cedulas anuladas	Censo	Porcentaje de anulación
San Francisco	Antioquia	2740	6632	41,3
San Fernando	Bolívar	2891	7842	36,9
San José de Uré	Córdoba	2223	7114	31,2
Busbanza	Boyaca	237	771	30,7
Carmen del Darien	Chocó	1635	5331	30,7
Paime	Cundinamarca	1357	4530	30,0
Betulia	Santander	1180	3995	29,5
La Esperanza	N. de Santander	2296	8067	28,5
Castilla la Nueva	Meta	2734	9931	27,5
Sabanalarga	Casanare	732	2675	27,4
Puerto Concordia	Meta	1558	5835	26,7
Cabuyaro	Meta	1196	4514	26,5
Norosí	Bolívar	924	3640	25,4
La Macarena	Meta	1964	7832	25,1
Montecristo	Bolívar	1974	8251	23,9
Medio Atrato	Chocó	1351	5677	23,8
Riosucio	Chocó	3019	13330	22,6
Taraira	Vaupés	302	1334	22,6
Santa Rosa	Cauca	906	4046	22,4
Cota	Cundinamarca	5052	23093	21,9
Teorama	N. de Santander	2041	9346	21,8
Santa Rosalia	Vichada	643	2948	21,8
El Dorado	Meta	600	2756	21,8
Santa Helena de Opón	Santander	646	3056	21,1
Puerto Colombia	Atlántico	6551	31152	21,0
El Tarra	N. de Santander	2073	10059	20,6
Ulloa	Valle	934	4625	20,2
San Juan de Arama	Meta	1198	5962	20,1

En estos municipios, una parte substancial del electorado inscrito no podrá votar este domingo, y es probable que una buena proporción del mismo no se dará cuenta de eso sino en el mismo momento de votar, por más que la Registraduría informe al respecto. En rigor, esto no significa que se les desconozca el derecho a votar, ya que se supone que la cédula quedará inscrita en el lugar donde estaba anteriormente, pero lo vuelve casi imposible de ejercer en la práctica.

Así, el tema de las anulaciones generará probablemente una fuerte ola de inconformidad en estos municipios, volviéndolos vulnerables al fenómeno de las asonadas que ya se presentaron con frecuencia en 2011.

Convendrá también observar con cuidado los efectos que tendrá la medida sobre la participación electoral. En principio, uno esperaría una baja de la misma en las zonas de mayores tasas de anulación.

Las perspectivas son por lo tanto contrastadas. En muchos lugares, el esfuerzo del CNE significará efectivamente recuperar en parte unas garantías básicas y una transparencia que se habían perdido desde hace mucho tiempo, y ponían en tela de juicio el resultado de las elecciones. En otros, generará más problemas que los que buscaba resolver.

Los analistas y las organizaciones de veeduría de las elecciones han criticado recurrentemente el CNE por su inacción frente a los delitos electorales, y mal harían en criticarlo hoy por ponerse en fin a enfrentarlos. El combate a la trashumancia es necesario, y lo peor que pueda pasar después de este domingo es que las voces críticas justifiquen una vuelta hacia la situación anterior de ausencia de control. De hecho, al lado de las críticas legítimas de los que vieron su cédula anulada abusivamente, se escucharon también las voces interesadas de políticos representando partidos notoriamente tolerantes con la compra de votos, y que por otra parte, siempre han considerado el CNE como un botín político, impidiendo su funcionamiento eficaz e independiente. Sin embargo, no queda duda que la tarea le quedó grande a la institución que la emprendió tardíamente y con una metodología inadecuada. Habrá que establecer reglas claras y verificables en la materia. Más allá, se tendrá que revisar seriamente lo que debemos entender por residencia electoral y los medios para acreditarla frente a las autoridades electorales.

EL PERFIL DE LOS SENADORES COLOMBIANOS

En ocasión del lanzamiento de la sección de la mapoteca de este sitio dedicada al voto preferente en las elecciones al Senado del año 2014, hemos querido observar a modo de síntesis algunos patrones de repartición del voto para este tipo de elección[1].

Para esto, se han utilizado dos criterios para comparar los candidatos electos al Senado en 2014 por voto preferente (lo que excluye los candidatos de Centro Democrático que se presentaban en lista cerrada): la ubicación del apoyo electoral en sectores rurales, o en las zonas urbanas por una parte, y por otra parte, el carácter más o menos concentrado del voto en términos geográficos[2].

De esta manera podemos destacar en la gráfica que se presenta a continuación y cruza estas dos variables tres grandes perfiles con casos llamativos de candidatos de todos los partidos que lograron representación en el senado.

Así, encontramos en primer lugar, el tradicional perfil del “cacique”, el senador con voto concentrado y preferentemente rural. La conservadora Myriam Paredes, que tiene el voto más concentrado de la muestra es un buen ejemplo, o el liberal Guillermo García Realpe, ambos con el voto concentrado en Nariño. Podemos citar también en esta categoría Maritza Martínez (del partido de la U) con una versión un poco más urbana, en el Meta. Es interesante notar que a nivel de partido, la U tiene la mayor proporción de sus senadores en esta categoría (además, de la ya citada Maritza Martínez, encontramos con este perfil congresistas como Manuel Guillermo Mora en Norte de Santander, Sandra Villadiego en Sucre, José Alferdo Gnecco en Cesar y La Guajira, o Martin Emilio Morales en Córdoba. Sin embargo, encontramos también aquí a Jorge Prieto, de Casanare, una clara excepción en la Alianza Verde que se define más por el perfil que presentamos a continuación.

Así al otro extremo, encontramos las “figuras nacionales” con un voto urbano disperso entre los principales centros urbanos del país. Claudia López, con el voto más urbano de la muestra, puede ser una de las más representativas aunque su voto se concentra mucho en Bogotá. Los votos de sus copartidarios de la Alianza Verde Jorge Ospina y Antonio Navarro se reparten de manera más equilibrada entre centros urbanos. Vale la pena destacar también en esta categoría las figuras más sobresalientes del Polo Democrático Alternativo como Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, y Alexander López. Finalmente, corresponden a este caso algunas figuras de los partidos tradicionales como Viviane Morales y Juan Manuel Galán para el Partido Liberal, Armando Benedetti, Roy Barreras y Jimmy Chamorro para la U, y Carlos Fernando Galán y Carlos Fernando Motoa para Cambio Radical.

Al lado de esos casos, podemos encontrar también un tercer perfil menos evidente: senadores con voto predominante rural pero dispersos, lo que los aleja del perfil del cacique. Encontramos ahí a los dos senadores electos por la circunscripción indígena: Luis Evelis Andrade y Marco Aníbal Avirama, también los liberales Lidio Alberto García y Mario Alberto Fernández, los de Opción Ciudadana Julio Guerra y Antonio José Correa, los de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella y el conservador Hernán Andrade. Llama la atención la fuerte presencia de senadores de la Costa Caribe en esta categoría (con la excepción de los indígenas, del santandereano Bernabé Celis, y del huilense Hernán Andrade). La existencia de esta categoría sugiere que en muchos casos, las redes políticas de la costa caribe no se limitan a un departamento y se extienden a toda la región.

Se confirma a manera de conclusión, que la política regional y local rinde un mayor fruto que intentar o arriesgarse a obtener votación en la totalidad del territorio nacional para el Senado, ya que este último escenario no es factor determinante para el éxito en las urnas salvo en pocos casos. Sin embargo, esto no significa que los senadores representen necesariamente un solo departamento. En la costa Caribe en particular, muchos senadores obtienen voto en varios departamentos de la región.

Más aun, no hay que olvidar la existencia de senadores con perfiles verdaderamente nacionales, y generalmente urbanos, predominante en los partidos de oposición (Alianza Verde y Polo Democrático), más aislados en la coalición gubernamental. Se trata en general de personalidades sobresaliente por su visibilidad mediática, por lo cual la predominancia del modelo del cacique regional no nos debería llevar a despreciar los efectos de la circunscripción nacional.

[1] Pueden consultar en la sección mapoteca de este sitio el mapa del voto preferente de cada senador electo en 2014, con los datos básicos que se retoman acá.

[2] Técnicamente, estas dos variables se miden por el porcentaje de voto obtenido en ciudades de más de 200.000 electores para la primera, y por el coeficiente de Moran de rango 1 para la segunda, se trata de un coeficiente que mide hasta qué punto el voto de un candidato se concentra en municipios geográficamente vecinos.

La abstención en Colombia: lo que se pretende prohibir

En el marco de la reforma del “equilibrio de poderes”, el Congreso decidió incluir sorpresivamente el tema del voto obligatorio. Lamentablemente, esta inclusión no fue el fruto de un debate informado, ni de un diagnóstico serio sobre la participación electoral en Colombia.

Sin pretender remediar esta carencia en este corto escrito, buscaremos contribuir al debate presentando algunas reflexiones sobre las variaciones territoriales del fenómeno. En efecto, detrás de las tasas de abstención nacionales, existe una multitud de casos y de variaciones regionales que nos sugieren que la abstención es un fenómeno complejo, que no podemos abordar con una mirada simplista y uniformadora.

Para realizar este estudio, hemos utilizado una técnica estadística llamada Clasificación Ascendente Jerárquica, que sin entrar en detalles técnicos, nos permitió agrupar los municipios del país en 6 grandes categorías lo más homogéneas posibles desde el punto de vista de las variables que tomamos en cuenta. Dichas variables son las tasas de participación registradas a nivel municipal en Colombia en las últimas elecciones de los ciclos 2006/07 y 2010/11, es decir, en ambo casos, de las legislativas (tomamos la elección del Senado como referencia), la Presidencial (en primera vuelta) y las locales (tomando la elección de los Alcaldes como referencia). Esto nos dio 6 series de tasas de participación: Senado 2006, Presidente 2006, Alcaldes 2007, Senado 2010, Presidente 2010, y Alcaldes 2011. Hemos tomado dos ciclos completos para minimizar las variaciones coyunturales que se hubieran podido presentar durante un ciclo particular, y excluimos las pasadas elecciones de 2014 para tomar en cuenta únicamente ciclos completos.

El resultado del ejercicio nos permite entender mejor la abstención en el país. Se puede resumir sobre el mapa sintético que presentamos a continuación, con su gráfico de leyenda. El mapa muestra 6 categorías de municipios en las cuales el comportamiento electoral es siempre relativamente homogéneo en los 6 eventos electorales analizados. Para una mejor comprensión, hemos puesto nombres a cada categoría y hemos representado en el gráfico de leyenda los valores promedios que tomó la tasa de participación en cada una de las 6 elecciones analizadas entre los municipios de cada categoría. Esos valores se pueden comparar con las tasas nacionales que están representadas por el primer grupo de barras del gráfico en azul.

Antes de pasar a observar las diferencias entre las categorías, es importante anotar que en todas existe una variación importante de la participación en función del tipo de elecciones. Colombia tiene la particularidad de convocar sistemáticamente una mayor participación en sus elecciones locales que en sus elecciones nacionales. Las comparaciones internacionales nos indican que suele suceder lo contrario en la mayoría de los países. Esto nos sugiere que Colombia es un país muy localista, y que la participación electoral pasa en muchos casos por el establecimiento de vínculos personales de confianza. El hecho ha sido visto tradicionalmente como una debilidad, particularmente por una ciencia política que ha estado inclinada a estigmatizar una cultura política “parroquial”, efectivamente proclive al clientelismo y la compra de votos. Sin embargo, uno lo puede también ver como una riqueza que suaviza en algo la falta de integración en todo sentido y la poca credibilidad de las instituciones nacionales en buena parte del país. En cualquier caso, es importante recordar para el debate sobre el voto obligatorio que la abstención es sobre todo un problema en el ámbito nacional, y no tanto en el ámbito local.

Una de las primeras enseñanzas del ejercicio es que la abstención no es un fenómeno uniforme. Existe una primera categoría que agrupa unos 189 municipios (en verde oscuro) que registran tasas de participación bastante altas, siempre muy por encima de los resultados nacionales. La participación allí roza incluso el 80% para las elecciones locales, tasas que soportan la comparación con países donde el voto ya es obligatorio. No obstante, oscilan apenas entre 55% y 60% en las elecciones locales (legislativas y presidenciales), lo que puede ser mucho con respecto al resto del país, pero sigue siendo bastante modesto. Estos municipios se ubican principalmente en la Cordillera Oriental, y el Piedemonte Llanero, así como en el interior de la Costa Caribe. Se trata de municipios pequeños en los cuales la densidad demográfica limitada contribuye a fortalecer estas relaciones de sociabilidad de cercanía que evocábamos.

En las tres siguientes categorías, la participación sigue siendo aceptable en las elecciones locales rozando el 70%. No obstante, se caracterizan con un comportamiento muy distinto en las elecciones nacionales.

La segunda categoría (verde claro) registra también buena participación, comparativa a la presidencial (por lo menos con respecto a los municipios de alta participación de la primera categoría), sin embargo, la participación legislativa cae 10 puntos para ubicarse por debajo de 50% en estos 261 municipios. Ellos se concentran geográficamente en el centro del país, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Casanare, y Meta. Se trata como podemos ver de la parte más integrada del país en el sentido de que con pocas excepciones, estos municipios se encuentran relativamente cercanos a la capital y a sus dinámicas. Esto los hace proclive a la participación tanto en la elección presidencial como en las locales. En cambio, el Congreso ya empieza a sufrir un serio problema de credibilidad en esta zona.

La tercera categoría (amarillo) es muy importante no sólo por el número de municipios que la componen, sino también porque se ubican entre ellos muchas grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Por lo tanto, si concierne 273 municipios, puede abracar una buena mitad del electorado. Esto es la razón por la cual esta categoría es la más cercana a las cifras nacionales y que la denominamos “participación promedia”. La participación en las locales sigue por encima de las tasas nacionales pero las mayores ciudades se ubican entre las tasas más bajas de la categoría.

La categoría de participación localista (rosada) reúne a 136 municipios que presentan una tendencia interesante: en ellos las tasas de participación suelen ser muy altas en las legislativas y locales, alcanzando casi el nivel de la categoría de mayor participación. En cambio, la participación presidencial cae muy por debajo de las categorías anteriores. Así, estos municipios, principalmente ciudades medianas o pequeñas de la Costa Caribe tienen un perfil de participación en ruptura con el resto del país. El desinterés por la presidencial nos habla de una desconexión con respecto al debate nacional, mientras la participación local y legislativa dan cuenta de una cultura política regionalista, localista, y probablemente más marcadamente clientelista que en el resto del país.

Finalmente, quedan dos categorías de abstencionismo alto y extremo, con 161 y 75 municipios respectivamente. En ellas, la participación supera todavía el 50% en las elecciones locales, pero cae en niveles muy bajos para legislativas y presidenciales, del orden de 35% para el abstencionismo alto, y de menos de 30% para el abstencionismo extremo. Una mirada al mapa nos sugiere que estos municipios coinciden con las zonas que han sido históricamente más afectadas por la violencia (aunque uno registra también con preocupación la presencia de Barranquilla y Cartagena en la categoría de abstencionismo alto), y que ahí los actores violentos, la guerrilla en particular, tienen una responsabilidad importante en estas bajas tasas de participación. La diferencia relativa entre participación local y nacional es acá aún más marcada que en el resto del país. Lo único esperanzador en estas zonas es que la participación ha venido subiendo en el tiempo para todos los tipos de elecciones de manera más marcada que en el resto del país, lo que es un indicio adicional del papel de la violencia en ellas.

Este panorama nos invita a la reflexión. ¿Es factible que el Estado imponga el voto obligatorio en los municipios de mayor abstencionismo cuando todo indica que este comportamiento se vincula a la incapacidad histórica del Estado a ofrecer las condiciones de seguridad que permitieran la participación?

¿No valdría la pena preguntarnos sobre las causas del desinterés de buena parte de los pueblos de la Costa Caribe por la elección presidencial? ¿Será que este desinterés aplica en ambos sentidos?

¿Por qué en el país más integrado y urbano que representa la categoría de “participación promedia” la elección del Congreso apenas convoca los dos tercios de los que votan en las elecciones locales? ¿Será que los ciudadanos son perezosos y pasivos en unas elecciones y en otras no?

Estas preguntas no tienen respuestas evidentes, pero el voto obligatorio es la manera más expedita de no contestarla, y de paso, de privarnos de una interesantísima herramienta de observación de la realidad nacional.

¿A quién le debe Santos su victoria?

Finalmente, Santos logró revertir la tendencia de la primera vuelta para terminar con un buen margen de casi un millón de votos adelante de Oscar Iván Zuluaga. No obstante, esta victoria fue obtenida después de un buen susto en la primera vuelta, y con el refuerzo de muchas fuerzas y personalidades políticas diversas en segunda vuelta que se sumaron a la campaña del presidente-candidato, sea por apoyar la paz, sea por temor a una vuelta del uribismo al poder. Esto plantea la pregunta de quién aportó qué para la reelección del presidente Santos.

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