Si el clivaje centro/periferia ha sido la gran clave de lectura de casi todas las elecciones desde 2014 en Colombia, sus efectos tienden a matizarse en las elecciones 2022.
En primer lugar, porque el partido más fuerte del centro geográfico, Centro Democrático registró un serio revés, no solo entre la opinión urbana sino entre las bases rurales del movimiento que habían sido una parte fundamental de su solidez. La Alianza Verde (hoy Centro Esperanza-Alianza Verde), que al contrario, progresa un poco con respecto a 2018 y logra una mejor implantación fuera de las ciudades en Boyacá, Santander, Antioquia y Caldas sigue siendo un partido del centro geográfico pero no de todo el centro, y se ve desplazada del “sur del centro” por Pacto Histórico (en el Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío y Risaralda.
Lista ganadora por municipio al Senado
En segundo lugar porque los tradicionales, partidos de la periferia geográfica, logran recobrar fuerza en las zonas rurales del centro, particularmente en Cundinamarca y Tolima para el partido conservador y Antioquia y Santander tanto para el liberalismo como para los azules. Este repunte se logra en general en detrimento de Centro Democrático.
Finalmente, si la irrupción de Pacto Histórico como coalición más votada al Senado se hace fundamentalmente con el apoyo de las grandes capitales (Bogotá y Cali en particular), y de la periferia geográfica (el sur occidente específicamente), no logra resultados tan destacados en el Caribe (donde Petro tuvo buen apoyo en la consulta). En cambio, le va relativamente bien en algunas zonas rurales del centro geográfico como en Cundinamarca, Meta, y el Eje cafetero, lo que resulta más sorprendente.
Lista ganadora con número de votos válidos en el municipio al Senado
Si el clivaje centro/periferia parece perder algo de su pertinencia, el clivaje urbano/rural fue probablemente una clave importante. La Fuerza del Pacto Histórico en la opinión pública urbana fue clave para su victoria, mientras los tradicionales pudieron resistir asentados en el voto rural. De hecho, este arraigo rural de azules y rojo es lo que les diferencia de sus avatares de la U y Cambio Radical que fueron grandes perdedores de estas elecciones. Sin posibilidad de llegar al voto urbano y sin raíces rurales en todo el territorio, estos dos movimientos están reducidos al papel de fuerzas regionales, en Valle, César, Córdoba y La Guajira para la U, y en Atlántico, Magdalena, Huila, Cauca y Norte de Santander para Cambio Radical.
Desde 1991, en Colombia, la participación ciudadana en elecciones legislativas no ha superado el 50%. Significa que la decisión sobre la representación es tomada por un poco menos de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar. A pesar de los incentivos existentes para votar, son pocos los ciudadanos que lo hacen. La causa y consecuencia principal de la baja participación de los ciudadanos remite a la baja legitimidad de las instituciones, asunto al que, en el caso colombiano, se deben sumar los episodios de violencia y las dificultades que el proceso electoral supone en algunas regiones del país.
Los indicadores de participación también dan muchas pistas sobre la forma en que se desarrollan las elecciones, y las dinámicas políticas particulares que tiene cada región del país. Este análisis se centrará en este indicador, utilizando como base los datos del preconteo de los comicios para el senado del año 2022, subrayando que se trata de datos preliminares y que el nivel de participación registrada es susceptible de aumentar levemente en el escrutinio final.
El pasado 13 de marzo, los colombianos acudieron nuevamente a las urnas, esta vez con un doble propósito: determinar la configuración del nuevo Congreso y elegir a tres de los candidatos que competirán por la presidencia. A pesar de que las campañas al congreso se vieron eclipsadas por la votación para las consultas presidenciales, los comicios legislativos tuvieron un mayor porcentaje de participación que estas últimas. Para el caso concreto de las votaciones para el Senado de la República, la participación ciudadana se ubicó en el 45,7% con 18’034.781 votos. En comparación con las últimas elecciones de la misma naturaleza en el 2018, la participación se redujo en un 3,8 puntos.
A nivel geográfico, la distribución de la participación electoral muestra que la Costa Caribe y las zonas andinas del país son las que más se destacan en este rubro. En cambio, regiones de Antioquia, Caquetá, Putumayo, Cauca, la zona pacífica del Valle del Cauca y el sur del Chocó estuvieron abajo del promedio nacional. Las causas de dicho resultado pueden atribuirse a ser zonas poco pobladas, donde es posible que los lugares de votación se encuentren distantes y que los ciudadanos tengan mayores dificultades técnicas para llegar allí. También, es posible que, al tratarse de zonas periféricas del país, la conexión con las instituciones del gobierno central sea mucho más difusa y, en consecuencia, despierte menor interés en participar al asumir que se presentan unos altos costos de transacción que reportan pocos beneficios. Finalmente, tienen en común estas zonas del sur y frente pacífico del país ser altamente afectadas por el conflicto y por la presencia de grupos violentos que limitan y condicionan la participación política de los ciudadanos.
En el otro extremo, la alta participación se concentra en la Costa Caribe: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena tienen en todos sus municipios participación superior al 40%. Si bien la condición socioeconómica y de infraestructura en estas regiones es superior a la del sur del país, la explicación del fenómeno no remite exclusivamente a este factor. En cambio, las explicaciones más certeras para los altos niveles de participación en esta región del país deben estar dadas desde las perspectivas de las dinámicas políticas particulares de estos departamentos. Es bien sabido que la región es fortín de varios poderes regionales fuertes en cabeza de algunas familias que se disputan a través de partidos como el Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U la posibilidad de alcanzar posiciones de poder y partidas presupuestales en las instituciones centrales. Además de las dinámicas clientelistas y gamonalistas muy presentes en la Costa Caribe del país (aunque no exclusivamente ahí), hay que evocar el importante papel de intermedicación que tienen los congresistas entre el gobierno central y los intereses regionales. Para las otras regiones del país con altos porcentajes de participación, se evidencia que en su mayoría, la participación se concentra en los centros urbanos de los departamentos, especialmente de aquellos en la región andina. Allí, se vislumbra que existen grandes diferencias entre las regiones urbanas y rurales del país en el ámbito electoral. Así, las capitales del centro del país y algunas del occidente y sur del país como Cali y Pasto se destacan por sus altos niveles de participación. Para estos lugares la explicación es de tipo sociodemográfico por tratarse de lugares donde la población accede a mejores condiciones de vida y mayores niveles educativos, cuyo resultado es un mayor interés en los asuntos políticos y un electorado más informado, crítico y cuya participación es usualmente catalogada como de “opinión”. En consecuencia, dentro de estos territorios logran predominancia partidos como el Pacto Histórico, la Alianza Verde, Centro Democrático y el Partido Liberal.
Igualmente interesante será observar cómo cambió la distribución geográfica de la abstención entre el año 2018 y el 2022. La ilustración 2 da cuenta del cambio en este indicador entre las elecciones legislativas de 2018 y las de 2022. La tendencia general para el oriente, sur y el Pacífico (con excepción de Nariño) es que se produjo una disminución de la participación con respecto a las elecciones de 2018. La hipótesis que se plantea respecto a esta observación es que estas zonas, históricamente afectadas por el conflicto, tuvieron un mayor porcentaje de participación en las elecciones pasadas por la relevancia que éstas tenían para la implementación de los acuerdos de paz y, por tanto, las decisiones tomadas en el congreso tendrían mayor impacto sobre sus territorios. Hoy, 4 años después, han retornado grupos armados a tomar el control sobre algunas zonas (lo que obstaculiza la participación) y la implementación de los acuerdos de paz ha dejado de ser un tema movilizador. Nuevamente, la Costa Caribe se destaca no solo por sus altos niveles de participación sino por ser la zona en la que más diferencia hay entre los dos períodos. Tal cambio fue fundamental para los resultados de los partidos Conservador, de la U y Cambio Radical que deben muchos de los resultados obtenidos a los poderes regionales fuertes que allí se mantienen.
Finalmente, resulta interesante observar a partir del mapa 2 y el gráfico inmediatamente anterior que los grandes centros urbanos del país redujeron sus porcentajes de participación en relación con los datos del 2018. Es un resultado particular, teniendo en cuenta que los partidos que lograron altas votaciones y corresponden a un sector alternativo o de izquierda concentran su electorado en las zonas urbanas. Una posible explicación puede aducirse a que las elecciones legislativas responden en gran medida a la expresión de poderes regionales que no tienen mucha cabida dentro de las grandes ciudades.
El artículo 29 de la ley 5° de 1992 define la moción de censura como un acto mediante el que el Congreso “reprocha la actuación de uno o varios ministros del Despacho dando lugar a la separación de su cargo”. En ejercicio de este mecanismo constitucional con el que cuenta el Congreso para limitar el poder del ejecutivo y hacer control político, 16 congresistas de los partidos declarados en oposición a nivel nacional decidieron radicar un acto de moción de censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano Aponte, el 4 de mayo. Esto se da en el marco del paro nacional, donde se han registrado numerosas denuncias de abusos policiales y violación de los DDHH por parte de la fuerza pública. De esta manera, los Congresistas de la oposición buscaban que Molano responda por cerca de 3000 hechos de violencia policial entre el 28 de abril y el 21 de mayo, según los reportes de la ONG Temblores (ver cifras que citan el radicado de la proposición aquí) y por haber llevado a cabo una campaña de estigmatización hacia la protesta social.
El pasado jueves 27 de mayo, la plenaria del Senado negó la moción contra el ministro Molano. En esta nota tratamos de identificar a quiénes representan aquellos que votaron a favor y en contra de la moción de censura, y a quiénes representan. Para ello sumamos los votos por municipio que obtuvieron los senadores en ejercicio, que votaron a favor de la moción y en contra de la moción, obtenidos en las elecciones de marzo de 2018 (sin tener en cuenta aquellos senadores que se abstuvieron o que no asistieron a la sesión). De esta manera, calculamos el porcentaje de votos representados en el municipio a favor y en contra de la moción, y mapeamos la diferencia entre ambos porcentajes como se muestra a continuación.
El ejercicio cartográfico nos muestra que quienes votaron para separar a Molano de su cargo, cuentan con electorados más fuertes en el litoral pacífico, Boyacá y, en menor medida, el sur oriente del país. Es interesante notar que, al menos en lo que respecta a la costa pacífica, hay una relación entre las zonas de mayor diferencia entre los votos de los congresistas (comparados según su postura frente a la moción) cuando esta se inclina a favor de los partidos opositores y los resultados de otros comicios. Además, estos lugares corresponden a las votaciones más altas de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2018 (ver mapa aquí ) y donde el “Sí” ganó el plebiscito (ver mapas aquí).
Esto no significa que las fuerzas de Petro estén directamente asociadas a las manifestaciones o a los senadores que dieron paso a la moción. Más bien, puede significar que aquellos senadores críticos de la gestión del ministro Molano, en el marco de las manifestaciones, son elegidos en aquellos lugares donde hay un fuerte rechazo al uribismo. De cualquier forma que queramos leer el asunto, el hecho es que existe una correspondencia clara entre la zona de mayor intensidad del paro (el suroccidente) y el electorado de los senadores que apoyaron la moción de censura al ministro. Esto sugiere que la representación democrática funciona, y que la presión del paro llevó a congresista de la zona a votar la censura, incluyendo a algunos que no son de la oposición como Temístocles Ortega (ver mapa electoral aquí) o Roosvelt Rodríguez (ver mapa electoral aquí).
Por otro lado, el caudal electoral de los senadores que votaron negativamente proviene principalmente del centro y el norte del país. Esto tiene que ver con la fuerza con la que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y la U cuentan allí, pues prácticamente todos sus senadores se opusieron a la moción contra Molano. También parece existir en estos casos una suerte de discontinuidad con el patrón observado en votaciones pasadas, pues en la región Caribe tanto Petro como el “Sí” en el Plebiscito obtuvieron una gran cantidad de votos. Las observaciones en los llanos mantienen cierta lógica, dado que su comportamiento electoral ha virado del liberalismo al uribismo que, en este caso, también le ofrece una votación importante a los senadores que se opusieron a la moción.
Ahora bien, hemos querido ver qué pasó con los apoyos del Senado en sitios donde los hechos violentos contra los manifestantes han sido no solo más numerosos, sino más cruentos. Esto, en tanto que ha sido en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira donde más se han reportado casos de violencia policial (consultar información georreferenciada de estos registros aquí). En este sentido, entre las capitales de departamento que prefirieron a quienes hoy ratifican a Molano como ministro se destacan hegemónicamente Barranquilla y luego, sobre un 60% del voto: Bucaramanga, Pereira, Ibagué y Medellín. Al contrario, núcleos urbanos como Popayán, Tunja, Pasto, Bogotá e incluso la misma Cali optaron en el 2018 por candidatos que hoy parecieran responder un poco más a sus electores favorables al paro.
Teniendo en cuenta que las ciudades han visto mayor participación en las movilizaciones a favor del paro -o recientemente también en contra de los bloqueos por el paro-pero también han sufrido los impactos de una crisis social, agravada por la pandemia y ahora, los hechos violentos, cabe cuestionarse si habrá un rechazo en las urnas citadinas para quienes respalden a Molano. Por ejemplo, el senador Rodrigo Lara sorprendió cambiando de voto a último momento y enfrentó las críticas con explicaciones poco convincentes, frente a un electorado principalmente urbano (ver mapa electoral aquí). Estaremos entonces, a la expectativa de los cambios que puede presentar allí la conducta electoral y el rol que jugará esta coyuntura en las estrategias de campaña para las elecciones que se avecinan.
Durante las últimas semanas, las tomas de posición de ciertas figuras políticas en diversos ámbitos del espectro ideológico han ido precisando el panorama electoral del 2022. Por ejemplo, desde la izquierda surgió la idea de un “Pacto histórico” que busca juntar organizaciones en oposición al gobierno actual, para presentarse a las próximas elecciones legislativas. Los partidos que confirmaron su participación en la alianza son Colombia Humana-Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Algunos movimientos han manifestado su adhesión, entre los cuales se encuentran “Todos somos Colombia” liderado por Clara López, así como Unidad Democrática y el Partido del Trabajo de Colombia, dos corrientes que alguna vez se integraron al PDA y luego la Alianza Verde. Han extendido el llamado a la ciudadanía para intervenir en la conformación de listas y quieren hacerlas paritarias, pero todavía no se sabe si serán abiertas o cerradas. Tampoco parecen rechazar nuevos miembros, aunque algunos líderes de otros sectores (de la Alianza Verde, disidentes liberales, Compromiso ciudadano y hasta Ángela Robledo) anunciaron una “Coalición de la esperanza”, al menos para presidenciales, en la que ya se descartó colaborar con Gustavo Petro.
Con intereses comunes sobre la defensa de los Acuerdos de Paz y la consecución de reformas en distintos aspectos de la vida nacional, las fuerzas del “pacto histórico” se han trazado el objetivo de ocupar 55 escaños en Senado y 86 en Cámara de Representantes. Sin embargo, este sector parece tener un panorama mucho más claro para las elecciones presidenciales, con el liderazgo poco contestado del senador Petro, que en las legislativas. Las fuerzas que lo constituyen tienen más raíces en los movimientos sociales y la sociedad civil que en el Congreso o la intrincada política electoral. Entonces, con mucho aún por definir ¿Tiene el Pacto Histórico suficiente capital electoral para cumplir con tales expectativas? Al igual que hicimos con la “Socialdemocracia” de Roy Barreras, hemos llevado a cabo un ejercicio que no pretende predecir lo que va a suceder en las elecciones de 2022; sino utilizar los datos de las elecciones pasadas para formarnos una idea sobre el potencial electoral de partida que ponga en perspectiva el alcance del pacto.
Para ello, consideramos la votación recolectada en 2018 por los partidos del pacto (PDA y la Coalición Lista de la Decencia) y personalidades como Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes, habiéndose distanciado del Partido de la U, ahora respaldan la propuesta. Entre todos acumulan 1’118.655 votos en la circunscripción nacional del Senado (descontando los de Jorge Robledo y Leonidas Gómez, quienes crearon el colectivo “Dignidad”, que se orienta más hacia la “Coalición de la esperanza”). Esto hubiera sido suficiente para pasar el umbral definido en esa ocasión, pero al recrear la repartición de escaños mediante cifra repartidora solamente se quedarían con 8 senadores. Los apoyos no superan 45% del voto (siendo una cifra excepcional en sus resultados) en ningún municipio y se concentran en zonas del Catatumbo, Caquetá, Cauca, Amazonas y la ciudad de Buenaventura: lugares marcados por las dinámicas del conflicto que se inclinaron por el “sí” en el plebiscito de 2016, y que dibuja el área de influencia tradicional de la izquierda. Cabe advertir que estas son franjas más resaltadas en el mapa porque la suma obtiene una mejor proporción de la votación municipal, mas no porque tales municipios alberguen muchos electores. De hecho, es un gran reto para el pacto ampliar la distribución territorial pero también la “densidad” de sus votos y las elecciones están a la vuelta de un año.
En lo que respecta a la Cámara de Representantes, sumamos los votos que harían parte del Pacto (PDA, UP, Lista de la Decencia, MAIS y ASI) y calculamos el número de escaños. Los resultados no son muy alentadores: parece que esta alianza no es suficiente para superar el umbral en la mayoría de los departamentos, pues lo conseguiría solo en cinco de ellos (Antioquia, Bogotá, Boyacá, Nariño y Valle), con base en los resultados de 2018. Así, podrían obtener seis representantes entre los departamentos de Antioquia (1), Bogotá (4) y Boyacá (1). Entonces, por cómo están las cosas, el combustible de la coalición se acabaría mucho antes de llegar a las proyecciones que están manejando.
No obstante, hay una serie de consideraciones acerca de los resultados que obtuvimos. Por un lado, hemos incluido al partido ASI por la afinidad que los llevó a estar con “Decentes” en 2018, pero hasta hoy no se ha hecho oficial su entrada en la coalición. Por otra parte, no hay certeza sobre qué tan “endosables” serían los votos que hemos contado para figuras como los senadores Barreras o Benedetti. Aunado a esto, si bien algunos sectores de la Socialdemocracia pueden simpatizar con el pacto, todavía no es claro cómo se incluirían. Además, no referimos aquí al partido Comunes (anteriormente Farc), dado que ha manifestado su intención de respaldar el Pacto, pero al interior despierta reticencias. Finalmente, en cuanto a los votos que aporta el PDA, es preciso tener en cuenta que no todos se pueden transferir al Pacto Histórico por las implicaciones de su escisión.
Como ya mencionamos, faltan muchos aspectos por concretar, pero al menos sobre los datos de las legislativas en 2018, el pacto no sería tan histórico como pintan. Al unir movimientos cuya representación ya es reducida, sus partes no aumentan significativamente las posibilidades de hacerse con un número tan amplio de escaños e incluso, esta movida aparecería más como un salvavidas para no perder personerías jurídicas. La coalición siempre podrá contar con el impulso de Petro, pero las cifras de 2018 ya lo tenían incorporado de cierto modo a favor de la Lista Decentes, que se benefició de la organización simultánea con la consulta entre Petro y Carlos Caicedo. Lo anterior podría esconder un agravante: el éxito de la consulta “Inclusión social por la paz” también respondía a la ausencia de la Coalición Colombia, que ya había definido su candidato, contrario al escenario de 2022 cuando parece que la Coalición de la Esperanza irá a consulta. Por ende, a quienes están dentro o fuera del Pacto les queda reflexionar si hay puntos de consenso bajo los cuales también se pueda cobijar aquellas tendencias que quieren mostrarse más de “centro”, con miras hacia gestar una alianza de mayor amplitud. Además, es una oportunidad para cuestionar hasta qué punto convienen tantas rupturas internas a los partidos alternativos y qué tanto responden a lo estrictamente ideológico, si igual terminan agrupándose no solo para ganar sino para sobrevivir. Al final, si la historia la escriben los ganadores, habría que replantear la estrategia para amasar un capital electoral que efectivamente le dispute el control del Congreso a los partidos tradicionales.
